La reforma y ampliación de la protección asistencial por desempleo es una necesidad y un compromiso asumido, reiteradamente por sucesivos Gobiernos, e incluida en distintas ofertas electorales y acuerdos de legislatura, que aún no se ha materializado.

Esta reforma se ha incluido también en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), en su Componente 23, que recoge el compromiso de “la mejora del sistema de la protección por desempleo, en particular de los desempleados de larga duración, y los colectivos más vulnerables”, y constituye un asunto prioritario para UGT y CCOO.

Durante la pasada legislatura, el Ministerio de Trabajo anunció la reformulación del sistema de protección por desempleo en su fase asistencial, con cambios en el subsidio de desempleo, simplificando su estructura y facilitando los criterios de acceso para llegar a más beneficiarios y ampliar la cobertura. 

El abordaje de esa negociación, reiteradamente reclamada por las organizaciones sindicales, no se concretó antes de la disolución de las Cortes, dando lugar a un retraso en el cumplimiento del PRTR e esta materia.

Sin embargo, las declaraciones del Secretario de Estado de Economía, señalan que la prioridad de la reforma del nivel asistencial no es la mejora de las condiciones y acceso a estas prestaciones, sino que ponen en duda la “honradez” de las personas beneficiarias de los subsidios por desempleo, orientándose a “Reforzar el compromiso de los parados para que busquen y acepten un empleo”.

Para UGT y CCOO queda fuera de toda duda que, ante un empleo digno, que se ajuste a la normativa laboral, ninguna persona optaría por malvivir con 480 euros mensuales (como máximo) y rechazaría este empleo.

El mayor problema es la suficiencia de las prestaciones, los vacíos de cobertura, personas sin prestación, especialmente en personas en paro de larga y muy larga duración, y la necesidad de mejorar los resultados de las políticas activas de empleo a las que dedicamos una importante cantidad de recursos, y los niveles de intermediación de los servicios públicos de empleo son bajos y el éxito de las políticas activas, muy mejorable.

Ya existe una disminución progresiva de las prestaciones por desempleo, tras los primeros 6 meses de la prestación contributiva, el resto de esta prestación se reduce y posteriormente se accede a los subsidios por una cuantía de 480 euros, o menor si procede de un contrato a tiempo parcial.

Desde que en 2022 se volvió a empezar a hablar de la reforma del nivel asistencial, desde UGT y CCOO venimos pidiendo la apertura URGENTE de un proceso de Diálogo y Concertación Social, teniendo en cuenta que una reforma de la protección por desempleo debe tener la dimensión necesaria para reforzar la red de cobertura y que, afectando a un importante número de personas trabajadoras, debe ser abordaba en ese marco.

Es necesaria una revisión en profundidad de este entramado de prestaciones asistenciales con distintos requisitos, como edad, tiempo cotizado, cargas familiares, rentas propias, rentas familiares, períodos de espera, búsqueda activa de empleo, compromiso de actividad…que dificultan el acceso y la gestión de las mismas. 

Necesitamos unas prestaciones que protejan a más personas y en mejores condiciones.  Es necesario simplificar el amplio abanico de subsidios asistenciales existentes, facilitar los criterios de acceso para llegar a más beneficiarios y ampliar la cobertura, junto con el refuerzo de las plantillas del SEPE, incluido el número de orientadores y su capacidad de intermediación en el mercado de trabajo para conseguir mejorar la adecuación de la formación y capacitación para el empleo de las personas en paro y mejorar las tasas de incorporación al empleo y en el menor plazo posible. 

La existencia de vacíos de cobertura en la protección por desempleo, nos llevó a presentar a ambas organizaciones una Iniciativa Legislativa Popular, avalada por 710.000 firmas, para la puesta en marcha de una Prestación de Ingresos Mínimos con el objetivo de establecer un nuevo ámbito de protección que venga a cubrir las lagunas de desatención que actualmente presenta el sistema de protección social tradicional. 

La tramitación parlamentaria de esta iniciativa se ha iniciado e interrumpido ya en varias legislaturas y sigue pendiente desde 2017, cercenando de facto la única vía de acceso a la iniciativa legislativa que tiene la ciudadanía española y que está prevista en nuestra Constitución. 

En el año 2020 se puso en marcha el Ingreso Mínimo Vital, dirigido principalmente a prevenir el riesgo de pobreza y de exclusión social. Sin embargo, esta prestación no llega a dar cobertura a colectivos que quedan relegados de la protección por desempleo y que serían protegidos por la Prestación de Ingresos Mínimos de la ILP sindical.

Desde UGT y CCOO compartimos sin duda la necesidad de reforzar el sistema de protección social en su conjunto, de manera que todos los colectivos que hoy carecen de rentas puedan encontrar prestaciones económicas y sociales adaptadas a su situación particular, con itinerarios de inserción laboral o social, según se precise en cada caso. Sin embargo, esta mejora de la protección social en sentido genérico, no debe acometerse confundiendo los distintos niveles de protección que ya existen. 

La revisión que necesariamente haya de acometerse en cada uno de los ámbitos de protección, debe realizarse preservando los diferentes objetivos de cada uno de ellos, distinguiendo los propios de la protección por desempleo de aquellos que tienen una finalidad claramente vinculada a una garantía de renta mínima, con componentes relevantes de asistencia social como el IMV.