El nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado con 7.000 millones de euros, destaca por su continuidad como elemento clave de la política pública de vivienda. También cuenta con medidas dirigidas a jóvenes y colectivos con mayores dificultades de acceso.

Sin embargo, el principal riesgo del Plan reside en su implementación: su desarrollo depende en gran medida de la voluntad política de las comunidades autónomas. En este sentido, UGT exige responsabilidad a las administraciones autonómicas para que se implemente de manera eficaz y homogénea en todo el territorio español, evitando así desigualdades. En este sentido, el gobierno podría haber impuesto algún mecanismo para garantizar este desarrollo de las medidas, como ya se realiza así con otros fondos como en los planes de empleo.

Además, UGT advierte que estos avances podrían ser insuficientes ante la magnitud de la crisis de acceso a la vivienda y reclaman medidas complementarias, ya que la dotación económica es limitada y muchas de las medidas estructurales tendrán efectos a medio y largo plazo, sin dar respuesta inmediata a la situación de numerosos hogares.

Una de las grandes medidas que no incorpora el plan es alguna herramienta para actuar de manera contundente sobre los precios del alquiler en el corto plazo, especialmente en las zonas tensionadas, ni ajusta adecuadamente sus referencias de accesibilidad a la realidad salarial de amplios sectores de la población trabajadora.

Por todo ello, el sindicato reclama reforzar el Plan con mayor inversión, mecanismos que garanticen su cumplimiento en todo el territorio y medidas más eficaces de regulación del mercado. El acceso a la vivienda no puede quedar condicionado por la desigual aplicación territorial ni depender exclusivamente del mercado.