Los datos del IPC adelantado del mes de febrero, publicados hoy por el INE, sitúan la inflación anual en un 2,8%, seis décimas menos que en enero. Para UGT, es un dato muy positivo que afianza el proceso de desescalada de precios iniciado a finales del año pasado.

Por su parte, la tasa subyacente, que recoge la inflación de componente más estructural, se reduce dos décimas respecto al mes anterior, alcanzando una variación anual del 3,4%, su nivel más bajo desde marzo de 2022.  Con ello, se acumularían siete meses consecutivos de bajada interanual.

No obstante, UGT considera imprescindible que la mejora de la inflación se consolide para revertir las graves consecuencias de la crisis inflacionista que nuestro país ha atravesado, cuyo impacto sigue presente. En este sentido, la última Encuesta de Condiciones de Vida ofrece algunos datos alarmantes: en 2023, cerca de 4,3 millones de personas se encontraban en situación de carencia material y social severa, y hasta 3 millones no podían permitirse una alimentación adecuada, lo cual guarda relación con el intenso encarecimiento del precio de los alimentos, de un 25% en los dos últimos años.

En este contexto, UGT denuncia que las empresas siguieron ampliando sus beneficios, que en 2023 superaron en un 48% el nivel prepandemia. Esto se explica, en gran parte, por la desproporcionada elevación de los márgenes empresariales, que sobrepasan en un 16% el dato de 2019, generando una enorme presión sobre el precio de algunos productos. Poner tope a los mismos, especialmente en algunos sectores, sigue siendo un eje fundamental para garantizar unos precios más justos y asequibles para la clase trabajadora.

Además, el sindicato manifiesta la necesidad de seguir impulsando el empleo y el crecimiento de los salarios, combatiendo con ello la desigualdad y la pobreza en nuestro país. Cabe recordar que el nuevo AENC (2022-2025), que ha generado estabilidad y un mantenimiento del poder adquisitivo en los convenios firmados desde su vigencia, recoge un alza salarial del 3% para este año, incorporando cláusulas de revisión con incrementos de hasta un 1% en caso de que el IPC interanual al cierre del mismo fuese superior.