A pesar de las medidas implementadas por el Gobierno, la pobreza energética sigue aumentando. Los últimos datos disponibles, referidos a 2021, ponen de manifiesto que tres de los cuatro indicadores que la miden se han reducido ligeramente respecto al año anterior: gasto desproporcionado (-0,4 puntos porcentuales), pobreza energética escondida (-1,0), y retraso en el pago de las facturas de los suministros de la vivienda (-0,1). Sin embargo, ha aumentado significativamente (+3,4 puntos) el porcentaje de población que no ha podido mantener su vivienda a una temperatura adecuada en invierno. Alcanzando los cuatro indicadores datos muy alejados de los objetivos previstos para 2025 en la Estrategia Nacional.

El suministro de energía es esencial para una vida digna, e imprescindible para el ejercicio adecuado de otros derechos fundamentales como la alimentación, la vivienda, la educación, la salud física y mental, o las comunicaciones electrónicas; y el acceso a la energía tiene su impacto en la desigualdad. 

La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores reclama que la prohibición temporal de los cortes de suministros esenciales (electricidad, agua y gas natural), que finalizará a finales de año, alcance carácter permanente hasta que se regule el principio de precaución que ya funciona en Catalunya desde 2015, y que prohíbe a las empresas distribuidoras interrumpir los suministros a las personas en situación de riesgo o exclusión social, sin solicitar previamente un informe a los servicios sociales. 

El diálogo social es fundamental para combatir la pobreza energética

Además, el sindicato exige el impulso del diálogo social, de cara a la actualización de la Estrategia Nacional Contra la Pobreza Energética (ENPE) 2019-2024, y la revisión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030; y demanda que se acometan las mejoras que ya están recogidas en la Estrategia, como la automatización del bono social o la creación de una tarifa social; y se implementen con nuevas medidas como la exigencia de otros criterios para que puedan beneficiarse del bono social las familias numerosas, la aprobación de políticas de rentas más distributivas, incrementar el gasto destinado a tal fin y acometer las reformas necesarias para proteger y poner en el centro a las personas vulnerables.

Como miembros de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, hemos dirigido cartas a diversos Ministerios (Transición Ecológica y Reto Demográfico; Vivienda y Agenda Urbana; Sanidad; y Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030) para presentar algunas reivindicaciones consensuadas y exigir una transición justa y sostenible que proteja a los hogares vulnerables y a los que tienen bajos ingresos.