Los datos definitivos del IPC de octubre publicados hoy por el INE sitúan la inflación anual en el 4,9%, la misma tasa que en septiembre y su nivel más alto desde febrero de 2023. En términos mensuales, los precios suben un 0,6%. Aunque la inflación parece estabilizarse, sigue registrando variaciones muy elevadas, erosionando continuadamente el poder de compra de las personas trabajadoras.

Este mes ha influido positivamente el abaratamiento de la gasolina (-6,1% mensual), gracias a la rebaja fiscal de 20 céntimos por litro vigente desde el 1 de octubre, la misma que ya se aplicaba al gasóleo. No obstante, los combustibles siguen reflejando precios elevados en los surtidores a cierre del mes, de 1,75 euros por litro en el caso de la gasolina y de 1,88 euros para el gasóleo. Por su parte, la evolución mensual de los precios de los combustibles líquidos para uso doméstico (1,3%) y la electricidad (+1,8%) contribuyen a que la tasa de inflación anual no se reduzca.

Con todo, el encarecimiento de la energía sigue golpeando a los hogares y a las personas trabajadoras, por lo que se ha activado la cláusula de salvaguarda establecida en las medidas aprobadas por el gobierno, que mantiene la rebaja de los carburantes en noviembre. Estas rebajas fiscales están amortiguando una parte de las subidas, fruto de las tensiones en los mercados energéticos, pero habrá que evaluar antes de que termine el año si están siendo suficientes y eficaces.

La inflación subyacente, que excluye energía y alimentos frescos, se mantiene en el 3,1%, igual que en septiembre, pero seis décimas por encima del 2,5% de hace un año. Esta evolución evidencia que la subida de la energía se transmite ya al resto de bienes y servicios, si bien por ahora con una intensidad moderada. Por su parte, los servicios registran una subida del 4,1% anual, mientras que los alimentos sin elaborar alcanzan un encarecimiento del 5,5%, mermando de forma muy directa el poder de compra de los hogares, en particular de los que tienen menos renta.

Los principales organismos nacionales no prevén que la situación mejore a corto plazo. Así, sus proyecciones apuntan a una inflación cercana al 4,5% en los próximos meses, lo que determinaría una media del 3,7% para el conjunto de 2026, con unos precios energéticos que seguirán elevados mientras persista la incertidumbre en Oriente Medio. Frente a ello, los salarios pactados en convenio han subido un 3,05% hasta septiembre (si bien la subida asciende al 3,6% en los convenios firmados este año), una cifra inferior a la inflación media prevista para el conjunto del año, y encadenan ya siete meses consecutivos por debajo del IPC. Sin una actuación urgente, la brecha entre precios y salarios amenaza con consolidarse y prolongarse durante los próximos meses. 

A ello se suma un encarecimiento desmedido de la vivienda, que el IPC no recoge plenamente. El precio de la compraventa lleva 12 años subiendo sin interrupción, mientras que un tercio de las personas inquilinas (33,9%) se encuentra en riesgo de pobreza, el tercer dato más alto de la UE. Esta es la realidad que llevó ayer a cientos de miles de personas a secundar en toda España la huelga general por la vivienda convocada por UGT junto a otras organizaciones sindicales y sociales para exigir medidas contundentes que frenen la especulación y la escalada de precios. Pero la respuesta no puede limitarse a actuar sobre el mercado residencial, porque el problema es también un salario que ya no garantiza el acceso a un hogar digno.

Que el salario vuelva a cumplir esa función exige recuperar el poder adquisitivo perdido, y para ello es necesario actuar en dos frentes. En primer lugar, la patronal debe desbloquear ya el VI AENC. Su ausencia mantiene paralizados miles de convenios colectivos cuyas plantillas siguen esperando una subida necesaria. El acuerdo debe garantizar incrementos salariales superiores a la inflación, para cerrar la brecha abierta y blindar el poder adquisitivo en los próximos años, e incluir cláusulas de garantía salarial para el caso de que los precios vuelvan a escalar. Y debe ir un paso más allá, llevando la vivienda a las mesas de negociación mediante complementos salariales que ayuden a afrontar su coste allí donde el mercado residencial está más tensionado.

En segundo lugar, UGT reclama una subida del Salario Mínimo Interprofesional de al menos el 7% en 2027. El incremento del 3,1% fijado para 2026 ha quedado ampliamente superado por una inflación que ronda el 5%. Frente a ello, el proyecto de real decreto que el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha sometido a audiencia pública plantea un incremento del 5,3%, que situaría el SMI en 1.286 euros mensuales en catorce pagas (18.004 euros al año, 910 más que en 2026). Esta subida da continuidad a la política salarial de los últimos años, pero resulta insuficiente, puesto que no recupera el poder de compra perdido a lo largo de este ejercicio. 

Además, exigimos reformar el IRPF para que el incremento llegue en términos netos y no se absorba por la vía fiscal. Reclamamos también que el Gobierno cumpla lo pactado el 29 de enero y apruebe una norma adecuada que evite la compensación y absorción de complementos, para que las empresas no puedan diluir la subida con pluses de convenio. Del mismo modo, es imprescindible aprobar el real decreto de registro de jornada, porque un salario mínimo solo es real si se paga por todas las horas trabajadas, y para ello es necesario registrarlas. Todos estos compromisos deben estar en vigor antes del 1 de enero, cuando se aplique el nuevo SMI.

UGT hace un balance muy positivo de la huelga general del 11 de noviembre y de las movilizaciones multitudinarias que la acompañaron en todo el país, que superaron incluso las mejores expectativas de los sindicatos convocantes y dejaron un mensaje inequívoco: la clase trabajadora no va a resignarse a perder poder de compra frente al aumento de los precios ni a sufrir un acceso a la vivienda cada vez más difícil. Por ello, UGT exige a todas las administraciones, y en particular a las autonómicas, un parque público y permanente de vivienda protegida y medidas eficaces para frenar la escalada de los alquileres. 

En este sentido, UGT valora la convalidación en la Diputación Permanente del Congreso del real decreto-ley de vivienda, que protege frente a los desahucios a las personas vulnerables y limita al 2% la actualización de los alquileres, pero lamenta la derogación del decreto que garantizaba la prórroga de los contratos de alquiler, una medida que habría dado estabilidad a los hogares inquilinos y que se pierde apenas un día después de que la clase trabajadora saliera a la calle para reclamarla. A la patronal le exigimos que deje de bloquear el VI AENC y asuma, de una vez, que los salarios tienen que subir por encima de los precios, en consonancia con el buen momento general que atraviesa nuestra economía y con los cuantiosos beneficios que están obteniendo las empresas.