La equidad intergeneracional debe incorporarse como un principio transversal de las políticas de la Unión Europea y traducirse en medidas concretas para reducir las desigualdades. Esta es una de las principales conclusiones del dictamen sobre la Estrategia de equidad intergeneracional, presentado este miércoles por su ponente, Mari Carmen Barrera, y aprobado por amplia mayoría por el Comité Económico y Social Europeo (CESE).

El dictamen señala que la estrategia no debe limitarse a abordar las tendencias demográficas o sensibilizar sobre sus efectos, sino que debe contribuir a coordinar y reforzar las políticas europeas para combatir las desigualdades sociales, económicas, territoriales y de género, con especial atención a las personas y colectivos en situación de vulnerabilidad.

En este sentido, plantea aprovechar mejor instrumentos como el Fondo Social Europeo Plus, la política de cohesión, el Pilar Europeo de Derechos Sociales, la Estrategia Europea de Igualdad de Género y la Estrategia de la UE para la Juventud, vinculándolos a objetivos de largo plazo e indicadores sociales que permitan evaluar sus resultados y evitar que las decisiones actuales reduzcan las oportunidades de las próximas generaciones.

El texto reclama también reforzar la inversión pública en ámbitos esenciales como la educación, la vivienda asequible, la salud y la protección social, así como preservar la política de cohesión para combatir las desigualdades territoriales y garantizar unas condiciones de vida dignas con independencia del lugar de residencia.

Otro de los ejes centrales es la participación de los interlocutores sociales y de la sociedad civil. Para ello, propone establecer un mecanismo europeo de diálogo social sobre equidad intergeneracional y reforzar el papel de la negociación colectiva en el reparto equilibrado de beneficios y cargas entre generaciones.

Durante el Plenario, Barrera ha defendido que las nuevas iniciativas legislativas de la UE incorporen una evaluación de su impacto sobre las generaciones presentes y futuras, junto con el principio de no regresión social de los derechos reconocidos en la Carta Social Europea. El objetivo es evitar retrocesos en los estándares sociales y garantizar una protección efectiva de los derechos sociales.

El dictamen plantea, además, la creación de un Consejo Europeo para la Solidaridad Intergeneracional que permita realizar un seguimiento de los avances y cuente con la participación de los interlocutores sociales, organizaciones juveniles, sociedad civil, expertos y órganos consultivos de la UE.