Los datos del IPC del mes de abril, publicados hoy por el INE, sitúan la inflación anual en un 3,2%, dos décimas menos que el mes de marzo. Este descenso se debe, principalmente, al comportamiento de la electricidad, tras la bajada impositiva implementada por el Gobierno. En este sentido, su precio se abarata un 10,4%, frente a la reducción del 2,3% registrada un año atrás.

Por su parte, los carburantes –gasolina y gasóleo- registran un encarecimiento de los precios del 0,7%, frente a la bajada registrada en el mismo mes de 2025. Esto se explica por un contexto marcado por la incertidumbre geopolítica internacional y las tensiones derivadas de la intervención de Estados Unidos en Oriente Medio, que siguen condicionando la evolución de los mercados energéticos.

La inflación subyacente, que excluye los componentes más volátiles y refleja mejor la evolución estructural de los precios, se modera una décima, hasta el 2,8%. De este modo, la diferencia entre la tasa general y la subyacente se recorta hasta las cuatro décimas. La moderación de la inflación subyacente apunta a una cierta estabilización de las dinámicas inflacionistas de carácter más persistente, si bien este proceso continúa sujeto a importantes elementos de incertidumbre, condicionadas por la fuerte volatilidad energética.

En este contexto, la estrategia sindical debe orientarse a preservar la capacidad adquisitiva de las personas trabajadoras, reforzando para ello el papel del AENC como marco de referencia para la negociación colectiva. Con datos hasta abril, la subida salarial media pactada de los convenios con efectos en 2026 asciende al 2,94%, situándose ligeramente por debajo de la inflación anual (3,2%), sin embargo, los convenios firmados en 2026 con efectos en 2026 prevén un incremento del 3,44 % , por lo tanto un poco por encima de la inflación. De mantenerse el actual escenario de incertidumbre geopolítica y volatilidad energética, existe el riesgo de que los incrementos salariales no absorban todo el impacto de la escalada de precios.

Por ello, y en línea con las propuestas sindicales planteadas para la firma de un nuevo AENC, UGT demanda consolidar la referencia mínima de incremento salarial del 4% para el periodo 2026-2028, con la posibilidad de incorporar aumentos adicionales de hasta un 3% en función de la diferencia existente entre el salario medio de convenio y el salario medio del conjunto del país. Asimismo, resulta necesario garantizar que esta orientación se traslade de manera efectiva a la negociación sectorial, evitando mecanismos de absorción y compensación que limiten su impacto real sobre los salarios.

Por último, es esencial reforzar y extender las cláusulas de garantía salarial, dado que constituyen el principal mecanismo de protección frente a desviaciones inflacionistas en un contexto de elevada incertidumbre sobre la evolución futura de los precios. En la actualidad, estas cláusulas que han ido extendiéndose desde la firma del V AENC,  amparan al 39,4% de las personas trabajadoras con convenio colectivo, por lo que hay que seguir insistiendo en su generalización en los procesos de negociación colectiva , pues ese  porcentaje se encuentra  todavía muy alejado de los niveles alcanzados tras la crisis de 2008, cuando llegaron a cubrir en torno al 80%.