Los datos definitivos del IPC de septiembre confirman el adelantado por el INE: la inflación anual se sitúa en el 4,9%, seis décimas por encima de agosto y su nivel más alto desde febrero de 2023, el máximo también desde que estalló la guerra en Irán. La aceleración tiene un origen claro: el encarecimiento energético, pero empieza a trasladarse al resto de componentes de la cesta, amenazando, por tanto, cada vez más la capacidad de compra de los salarios.

El componente energético sigue marcando el ritmo del avance de la tasa general, impulsado principalmente por los carburantes, que suben un 5,1% en el mes, frente a una caída del 0,2% un año atrás. Por su parte, la electricidad aumenta un 1,8% y el gas, un 0,6%, de modo que el conjunto de los productos energéticos se encarece un 4% respecto a agosto. Las medidas fiscales aprobadas están amortiguando parte de este impacto, pero será necesario valorar antes de que termine el año si resultan suficientes o si deben reforzarse o ampliarse para evitar un mayor deterioro del poder adquisitivo de los hogares.

El rasgo más relevante del mes es la extensión de las presiones más allá de la energía. La inflación subyacente, que excluye los elementos más volátiles (energía y alimentos frescos), aumenta hasta el 3,1%, dos décimas más que en agosto y su tasa más alta desde marzo de 2024. La evolución por grupos es desigual: los alimentos sin elaboración aceleran hasta el 5,8% anual, 1,3 puntos más que en agosto (4,5%); los elaborados se mantienen más contenidos (1,1%); y los servicios, con un 3,9%, permanecen estables en los últimos meses.

A este escenario se suman dos factores que agravan la pérdida de poder adquisitivo. Por un lado, los salarios pactados en convenio crecen menos de lo que requiere la evolución económica, y ya llevan siete meses consecutivos por debajo de la inflación. Por otro, la vivienda acumula un deterioro que el IPC no recoge plenamente: el precio de compra queda fuera de su cesta y el alquiler solo refleja los contratos vigentes, no los nuevos. La compraventa encadena 12 años de crecimientos ininterrumpidos, por encima del 10% en los últimos siete trimestres, y el alquiler, especialmente en las grandes ciudades, alcanza valores inaccesibles: más de cuatro de cada diez personas inquilinas (43,6%) están en riesgo de pobreza y/o exclusión social, frente al 31,3% de la media europea.

La vivienda se ha convertido en el mayor factor de desigualdad y de empobrecimiento de la población trabajadora. La imposibilidad de acceder a ella empuja a muchas personas, especialmente a las jóvenes, a situaciones de pobreza aun teniendo empleo: se ven obligadas a compartir piso, directamente no pueden independizarse o tienen que seguir conviviendo con su expareja una vez terminada la relación, porque no pueden pagar dos hogares. Lo que empezó como una brecha entre generaciones, entre quienes pudieron acceder a una vivienda y quienes hoy tienen ese acceso vedado, es ya un problema que empobrece a toda la clase trabajadora, mientras concentra la riqueza en quienes viven de las rentas inmobiliarias. Esta situación de extrema desigualdad, que arrastra a la pobreza a capas cada vez más amplias de la sociedad, es la que lleva a UGT a llamar a la huelga general el próximo 11 de noviembre.

En paralelo, los márgenes empresariales se mantienen en máximos históricos en los últimos años, precisamente con las actividades inmobiliarias y determinadas ramas energéticas a la cabeza. Ello hace evidente que el coste de la crisis de precios no se está repartiendo de forma equitativa: las personas trabajadoras se ven obligadas a asumir el incremento de precios, mientras quienes fijan el precio de la energía y de la vivienda amplían sus ganancias. Así, cuando los bienes básicos se encarecen por encima de los salarios mes tras mes y el acceso a un hogar deja de estar garantizado incluso para quienes tienen empleo, no estamos ante una coyuntura pasajera, sino ante un problema estructural de reparto de la renta.

Es, por tanto, imprescindible que los salarios recuperen el terreno perdido, y eso pasa por dos actuaciones. De un lado, es necesario desbloquear ya la negociación del AENC, pendiente desde hace más de un año por falta de voluntad de la patronal. Desde UGT reclamamos que el acuerdo incorpore incrementos salariales superiores a la inflación, de modo que las personas trabajadoras recuperen el poder adquisitivo perdido y no lo vuelvan a perder en los próximos años, junto con cláusulas de garantía salarial que protejan frente a desviaciones de los precios, especialmente en un contexto de elevada incertidumbre geopolítica. Además, como viene reclamando UGT, el nuevo AENC debe incorporar cláusulas de vivienda, con complementos salariales que faciliten el acceso a una vivienda digna, en especial en los territorios y sectores con mayor tensión residencial.

Del otro lado, la evolución de los precios hace inaplazable una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional coherente con el escenario mencionado. El incremento del 3,1% acordado para 2026 se sitúa ya claramente por debajo de los niveles actuales de inflación, cercanos al 5%, comprometiendo la capacidad de compra de quienes perciben el SMI. En este contexto, exigimos un aumento del SMI del 7% para 2027. 

Por todo ello, y tras el rechazo del Congreso a los decretos de vivienda, los sindicatos de clase de nuestro país hemos convocado una huelga general el 11 de noviembre que interpela directamente a todas las administraciones, que deben impulsar un parque público de vivienda protegida y eliminar de raíz la especulación en torno a un bien básico. Pero también interpela a las organizaciones empresariales, que han de asumir que los salarios tienen que ser suficientes para permitir acceder a ese bien básico que es la vivienda. Quienes sostienen el país con su trabajo no pueden seguir pagando la factura: el 11 de noviembre, UGT llama a la clase trabajadora a parar para exigir salarios dignos y una vivienda asequible.