La carta abierta presentada por el Círculo de Empresarios contiene una serie de medidas obsoletas, que han quedado claramente refutadas por las lecciones aprendidas fruto de la gestión de la pandemia provocada por la Covid-19, y que suponen una voladura tanto de la reforma laboral, que tan buenos resultados está dando con la creación de empleo indefinido, como de la reforma de pensiones que garantiza el poder adquisitivo de las personas pensionistas y la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social. Además, contradicen los Acuerdos y convenios internacionales suscritos por nuestro país y nuestro texto constitucional.

En primer lugar, reducir la indemnización por despido a través de la instauración de la denominada “mochila austríaca” puede vulnerar el Convenio 158 de la OIT y la Carta Social Europea. Conforme a dichos Convenios, la extinción del contrato de trabajo debe responder siempre a una causa legítima, apostando por un despido libre, barato, casi gratuito, y sin causas que deroga, de facto, el carácter indefinido de los contratos de trabajo que consagra la última reforma laboral. Asimismo, sorprende que los empresarios defiendan un sistema que castiga a las empresas que no despiden (que tienen que aportar mes a mes fondos a las cuentas de su plantilla, aumentando sus costes laborales) y premia a las que recurren con mayor frecuencia al despido injustificado (al rebajar su importe y facilitar financieramente el mismo). Además, este sistema provocaría un aumento del número de despidos y de la rotación laboral, al eliminar todo efecto disuasorio de la indemnización y al desincentivar el uso de medidas de flexibilidad interna, derogando también de facto los llamados ERTEs o el mecanismo RED, al facilitar el despido. Las empresas de nuestro país deben aspirar a la fidelización y motivación de sus plantillas, lo que garantiza un aumento de la productividad y de la calidad de las relaciones laborales.

El Círculo de Empresarios también considera que la última reforma laboral, “ha ralentizado el ritmo de creación de empleo, ha ocultado el desempleo y ha perjudicado la flexibilidad”. Debe producir verdadero asombro que algunos empresarios se atrevan a sostener esta posición el día siguiente a que se hagan públicos unos datos históricos de afiliaciones a la Seguridad Social y cuando, de nuevo, como en el último año y medio, se confirma la clara tendencia de consolidación de la contratación indefinida en nuestro país. Los contratos indefinidos han pasado de representar el 9,6% del total de contrataciones en el año 2021, al 42,3% en lo que llevamos del 2023. No deja de ser llamativo que ataquen el fruto del diálogo social, que tan buenos resultados está dando en España, y en el que estuvieron representados por CEOE y CEPYME, por lo que les debería obligar a respetar lo acordado.

La propuesta de aumentar hasta los 72 años la edad de jubilación y la reducción del gasto público en casi un 10% y la reducción o supresión de impuestos es profundamente contraria a nuestro texto constitucional. El Círculo de empresarios parece olvidar que la Constitución de 1978 define a nuestro Estado como social (art. 1) y que exige que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad (art. 31). Incumple también lo acordado con las asociaciones patronales en julio de 2021 y que garantizaba el poder adquisitivo de las pensiones

Reducir impuestos, además, impediría además al Estado seguir dando respuestas adecuadas a los retos que nuestro país tiene por delante. No olvidemos que fueron los ingresos del Estado, provenientes de los impuestos que ahora algunos empresarios demonizan, los que permitieron salvar millones de empresas y de puestos de trabajo durante la pandemia gracias a la ingente cantidad de recursos económicos movilizados a través de los ERTEs. No se oyó entonces al Círculo exigir que el Estado gastara menos. Entonces, como al hijo egoísta, todo les parecía poco.

Además, es falso que nuestro país tenga una presión fiscal insostenible. Según los datos más recientes de la OCDE, una organización no sospechosa de izquierdismo radical, España se sitúa en el 38,4%. Por debajo de Dinamarca (46,9%), Francia (45,1%), Italia (43,3%), Suecia (42,6%), Bélgica (42%), Alemania (39,5%) o Grecia (39%). En todo caso, Quién más tiene, más debe contribuir, salvo que los empresarios del Círculo defiendan también la derogación de la Constitución española.

La propuesta sobre la jubilación es también una temeridad cuando las centrales sindicales y el Gobierno hemos acordado una reforma del sistema público de pensiones que garantiza su sostenibilidad a largo plazo. Nuestro país, por primera vez en la historia, optó por poner el foco de atención en el incremento de los ingresos (había margen para ello) y no en el recorte de las prestaciones o de los beneficiarios del sistema. La reforma acordada con las organizaciones sindicales asegura que los ingresos estarán a la altura del reto demográfico y que las personas trabajadoras con ingresos más altos deben cumplir con la obligación constitucional de aportar más, para asegurar la redistribución de los esfuerzos. La propuesta del Círculo de empresarios parece haber olvidado que los ajustes que se centran exclusivamente en la reducción del gasto, que hacen las pensiones públicas insuficientes, son injustos y provocan sufrimiento y pobreza en las capas más humildes de nuestra sociedad, las que no pueden acudir a los sistemas privados.  Así ya pasó tanto con la reforma del mercado de trabajo efectuada en 2012 o del sistema de pensiones de 2013, que se demostraron tan injustas como ineficientes.

En definitiva, la carta abierta del Círculo de empresarios recoge una serie de propuestas caducadas, que ya se han demostrado ineficientes, injustas e insolidarias. Son impropias de empresarios que apuesten por la innovación, por la productividad y por la consolidación del Estado social y democrático de derecho.