Según el indicador adelantado publicado hoy por el INE, la inflación anual se mantiene estable en octubre, alcanzando el 4,9%, el mismo dato que el mes de septiembre. Por tanto, sigue instalada en niveles que no se veían desde principios de 2023 y muy superiores al ritmo de crecimiento de los salarios. En términos mensuales, los precios crecen un 0,6%.

La inflación se ha mantenido estable porque algunos factores han presionado los precios a la baja y otros al alza, y unos han compensado a los otros. A la baja ha influido el abaratamiento de la gasolina gracias a la rebaja de impuestos, que desde el 1 de octubre es de 20 céntimos por litro, la misma que se aplica al gasóleo. Al alza, en cambio, han presionado los precios de los paquetes turísticos, el gas y el gasóleo de calefacción, cuyo encarecimiento ha impedido que la inflación bajara.

Aunque la inflación ha dejado de subir, la energía sigue siendo el principal foco de tensión. En septiembre, la gasolina se encarecía un 27,5% interanual y el gasóleo un 34%, mientras que el precio mayorista de la electricidad se ha mantenido durante octubre en niveles muy elevados, con numerosas horas por encima de los 200 €/MWh. Que el Gobierno haya tenido que activar la cláusula de salvaguarda para mantener en noviembre la rebaja de 20 céntimos, en lugar de los 13 previstos inicialmente, demuestra que la presión energética no ha remitido. 

Las rebajas fiscales amortiguan una parte del golpe, pero las tensiones en el sector no ceden, por lo que habrá que evaluar antes de fin de año si están siendo suficientes y eficaces, y si conviene reforzarlas y prolongarlas en 2027. También preocupa el aumento de los precios de los alimentos sin elaborar, que en septiembre subían un 5,8%, y que erosionan de manera muy directa el poder de compra de los hogares, y en particular el de quienes tienen menos renta. 

La inflación subyacente, que excluye los elementos más volátiles (energía y alimentos frescos), se mantiene en el 3,1%, al igual que el mes de septiembre. Un dato que supera el 2,5% de hace un año y confirma que el encarecimiento energético se ha ido trasladando al resto de la cesta, aunque aún de manera moderada. La evolución de los servicios, que se han mantenido en el 3,9% en los últimos meses, será determinante para saber si esta estabilidad de la tasa subyacente se mantiene en los próximos meses o resulta solo un comportamiento puntual.

Además, las previsiones de los principales organismos nacionales no auguran una mejora rápida, situando la inflación general en torno al 4,5% en los próximos meses y en una media del 3,7% en 2026, con una energía que seguirá cara mientras se prolongue la incertidumbre internacional derivada esencialmente del conflicto en Oriente Medio. Todo apunta, por tanto, a que los precios continuarán creciendo por encima de los salarios durante un tiempo prolongado si no se actúa con urgencia.

Una pérdida de poder adquisitivo que ya se está acumulando. Los salarios pactados en convenio se han incrementado un 3,05% hasta septiembre, menos de lo que exige la evolución de los precios, y encadenan ya siete meses consecutivos por debajo de la inflación. Recuperar lo perdido exige actuar en dos frentes. 

En primer lugar, es necesario que la patronal desbloquee la aprobación del VI AENC. La ausencia de un nuevo acuerdo para la negociación colectiva mantiene paralizados miles de convenios colectivos cuyas plantillas siguen esperando una necesaria subida. Ese acuerdo tiene que garantizar que los sueldos crezcan más que los precios, para cerrar la brecha abierta y blindar el poder adquisitivo en los próximos años, e incluir mecanismos de revisión si la inflación vuelve a desbocarse. Y debe ir un paso más allá, llevando la vivienda a la mesa de negociación, con complementos salariales que ayuden a pagar un hogar digno allí donde el mercado residencial está más tensionado.

En segundo lugar, es ineludible seguir subiendo el Salario Mínimo Interprofesional. El incremento del 3,1% acordado para 2026 ha quedado claramente superado por una inflación que se sitúa en el entorno del 5%. A pesar de que el Estatuto de los Trabajadores permite su revisión parcial (art. 27.1 ET), cuando no se cumplen las previsiones de IPC, el Gobierno no ha hecho uso de dicho mecanismo. Hoy la inflación ha amortizado ya toda la subida salarial, y por ello exigimos un aumento del SMI de al menos el 7% para 2027, para que quienes menos cobran no sigan perdiendo capacidad de compra.

A todo ello se suma la emergencia en materia de vivienda, cuyo encarecimiento el IPC no recoge plenamente. La compraventa acumula 12 años de subidas ininterrumpidas y los alquileres siguen escalando sin ningún freno, hasta el punto de que más de cuatro de cada diez personas inquilinas (43,6%) están en riesgo de pobreza y/o exclusión social. La vivienda se ha convertido así en un factor clave de desigualdad y empobrecimiento de la clase trabajadora, mientras la riqueza se concentra en quienes viven de las rentas inmobiliarias y especulan con la vivienda. Frente a esta situación, UGT reclama un parque público y permanente de vivienda protegida, frenar la escalada de los alquileres y recuperar las protecciones a los inquilinos que el Congreso rechazó en los decretos de vivienda.

Por todo ello, UGT, junto con otras organizaciones, hemos convocado la huelga general del 11 de noviembre, porque la clase trabajadora de este país ya no puede permitirse pagar la vivienda. La no convalidación de los decretos de vivienda y el desahucio de Maricarmen han sido el detonante, pero las razones se acumulan: el bloqueo del VI AENC por parte de la CEOE, del que dependen todos los convenios del país; los conflictos abiertos por las condiciones de trabajo o los servicios públicos; y las propuestas que, sin decirlo abiertamente, apuntan a recortar las pensiones o a endurecer el acceso a las bajas médicas. Es una movilización social que irá a más si no hay respuestas. Nunca hubo tantas razones para parar: el 11 de noviembre, a la huelga y a las calles.