El vicesecretario general de Política Sindical de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT), Fernando Luján, ha defendido hoy que el aumento de las bajas laborales es, ante todo, un problema de salud y no de fraude, y ha rechazado que la causa esté en los complementos pactados en los convenios colectivos. Luján ha intervenido en el III Monográfico del Monitor de Absentismo Laboral de Madrid AdiReLab-Ibercaja.

«Lo que estamos analizando es, en su inmensa mayoría, una prestación de la Seguridad Social que se reconoce cuando un médico del sistema público certifica que una persona no puede trabajar. Estamos hablando de enfermedad», ha subrayado.

Según un análisis de UGT sobre 200 convenios sectoriales que dan cobertura a más de 4,6 millones de personas trabajadoras, solo el 11% complementa hasta el 100% del salario durante toda la baja, y el 40,5% no establece complemento alguno en los tres primeros días. La propia AIReF reconoce que esta práctica se ha mantenido estable en el tiempo, por lo que «una causa que no ha variado no puede explicar un cambio reciente». Luján ha recordado, además, que los trabajadores autónomos, sin convenio ni complemento alguno, registran casi medio millón de procesos de incapacidad temporal al año, y que sus bajas duran de media unos 105 días, frente a 39 en los asalariados, porque «no pueden permitirse enfermar y llegan tarde y más enfermos».

Para UGT, las causas reales están en otro lugar. A cierre de 2025 había más de 853.000 personas en lista de espera quirúrgica, con una demora media de 121 días, y la espera para ver al traumatólogo alcanzaba los 132 días, cuando las patologías osteomusculares concentran casi la mitad de las bajas por enfermedad común. «La baja se convierte en la sala de espera del sistema sanitario», ha afirmado. A ello se suman el envejecimiento de las plantillas (el 36,5% de los ocupados tiene ya 50 años o más), el aumento de los trastornos de salud mental, cuyas bajas superan los 98 días de media, unas jornadas que siguen por encima de las 37,5 horas semanales para el 84,9% de las personas trabajadoras con convenio y el presentismo, el hecho de trabajar estando enfermo, que agrava las dolencias y termina en bajas más largas.

Luján ha recordado también que en las últimas décadas la protección no se ha ampliado, sino recortado: en 1980 el subsidio pasó del 75% al 60% entre los días 4 y 20, con el absentismo como justificación; en 1992 se trasladó a las empresas el pago de los días 4 a 15; y en 1994 se suprimió la nulidad del despido de las personas trabajadoras de baja. En ese mismo periodo, la cotización empresarial por contingencias comunes bajó del 29,15% al 23,6%. 

Absentistas por ejercer un derecho

El dirigente sindical ha denunciado que el término «absentismo» se está utilizando para señalar como culpables a personas que no hacen otra cosa que ejercer un derecho reconocido por la ley. «Denominan absentista a la mujer que falta al trabajo porque está recibiendo quimioterapia. Denominan absentista al padre que se queda con su hijo recién nacido, a la madre que duerme en una silla de hospital junto a su hija ingresada, al trabajador que entierra a su padre. Según ellos , absentista  es quien lleva cuatro meses esperando a que lo operen de la cadera porque la sanidad pública no llega. A eso lo llaman absentismo», ha afirmado.

«No son ausencias voluntarias ni falta de compromiso: son enfermedades, nacimientos, cuidados y duelos, y la ley los protege porque son derechos. Llamarlo absentismo es convertir los derechos en sospecha y la enfermedad en culpa, y abrir la puerta a recortar la protección precisamente de quienes más la necesitan», ha advertido Luján, que ha recordado que en 2020 se derogó el despido por faltas de asistencia justificadas porque «no se puede despedir a nadie por estar enfermo». Y los instrumentos de control ya existen: las mutuas pueden hacer seguimiento de los procesos y suspender la prestación (artículos 82.4 y 175.3 de la Ley General de la Seguridad Social), y la empresa puede verificar el estado de salud mediante reconocimiento médico (artículo 20.4 del Estatuto de los Trabajadores).

Frente a los recortes, UGT reclama reforzar la atención primaria y reducir las listas de espera; aprobar sin más demora la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, aprobada como anteproyecto en abril y aún pendiente de remisión a las Cortes; aflorar las enfermedades profesionales que hoy se registran como contingencia común; mejorar la coordinación entre servicios públicos de salud, INSS y mutuas al servicio de la recuperación de las personas; reducir la jornada, y fortalecer la negociación colectiva.

«La baja médica es un termómetro. Se puede discutir cómo leerlo, pero romper el termómetro no baja la fiebre. A las personas enfermas no se las controla: se las cuida, se las trata y se las ayuda a volver», ha concluido.