La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) considera positiva la reunión mantenida este lunes, 6 de julio, con el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, en el marco de la reanudación de la Mesa de Diálogo Social en materia de Dependencia. El encuentro se ha producido tras la aprobación del Real Decreto-ley 17/2026, que inyecta una financiación extraordinaria sin precedentes en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). El sindicato propone un "Pacto de Estado por los cuidados", así como medidas urgentes contra la parcialidad abusiva, que alcanza el 47% en el sector.

Para UGT, la movilización de 2.097.652.020 euros para el nivel mínimo garantizado y 121.000.000 euros para el nivel acordado, supone una decisión de enorme calado que responde a una reivindicación histórica de la organización sindical para reforzar el Estado del Bienestar. Sin embargo, el sindicato advierte que este esfuerzo financiero debe ser solo el comienzo de una nueva etapa: es urgente consolidar esta financiación para que deje de depender de medidas excepcionales y se convierta en un compromiso presupuestario estable y previsible.

UGT ha insistido ante el Ministerio en que el éxito de esta inversión histórica no se medirá únicamente por la cuantía de los recursos, sino por su impacto real en los ciudadanos y en las plantillas. "No habrá un sistema sólido de cuidados si quienes trabajan en él continúan soportando condiciones laborales insuficientes", han manifestado desde la organización.

En este sentido, el sindicato propone que la financiación que se otorgue a las Comunidades Autónomas se produzcan bajo criterios estrictamente finalistas y ha puesto sobre la mesa una batería de modificaciones normativas para el acceso a los fondos, tales como el freno a la parcialidad abusiva. UGT considera importante ponderar la parcialidad al 50% en el Nivel Acordado para atajar el principal problema del sector (especialmente en ayuda a domicilio y servicios sin alojamiento), donde la tasa de parcialidad alcanzó un alarmante 47% en el primer trimestre de 2026.

Exigen el cumplimiento efectivo de las ratios de personal a través del Fondo de Acreditación, la elevación de las plantillas y el freno a la desprofesionalización del sistema (atendiendo a que las prestaciones de cuidado familiar no profesional protegen hoy al 44,7% del sistema).

Otro de los puntos clave para el sindicato es la indexación y revisión de precios. UGT reclama abordar los problemas que acarrea la actual Ley de Desindexación, la cual afecta de forma exacerbada a la sostenibilidad y calidad de los cuidados profesionales.
Ante el actual escenario legislativo —con la reforma de la Ley de Dependencia prevista para su aprobación en Comisión este jueves 9 de julio y su posterior paso al Pleno el día 14—, UGT considera que se dan las condiciones idóneas para construir un auténtico Pacto por los Cuidados.

Para Lola Navarro, Vicesecretaria General de UGT, El sindicato mantendrá una disposición absoluta al diálogo a través de una agenda de trabajo permanente, bajo la firme convicción de que invertir en dependencia no es un gasto; es una inversión social y económica que genera empleo de calidad, favorece la igualdad de género y fortalece la cohesión territorial".