La demanda judicial, preparada por los servicios jurídicos de UGT, se ha interpuesto contra Google España, como titular de Youtube en nuestro país. Tras un acto de conciliación sin acuerdo, el juicio se celebrará el próximo 26 de junio del 2024.

Esta demanda pionera plantea la existencia de relación laboral entre un creador de contenido y Google (Youtube), al existir indicios de dependencia y ajenidad suficientes para determinar la laboralidad en este caso concreto, en el que el creador de contenido regularmente prestaba sus servicios y percibía una remuneración derivada de los ingresos publicitarios, que Google gestiona a través de su canal Youtube. La sentencia podría conllevar una indemnización por despido improcedente, al desmonetizar Google de manera unilateral su canal. En ese caso, también podría suponer el pago por parte de la empresa de sus obligaciones en materia de Seguridad Social.

De hecho, un estudio de Oxford Economics para Youtube España, reconoce el impacto económico de los creadores en la siguiente cita: “nuestra modelización económica sugiere que el ecosistema creativo de YouTube contribuyó cerca de 313 millones de euros a la economía española en 2020 y respaldó 21.000 puestos de trabajo ocupados equivalentes a tiempo completo”.

‘Jota’ ha asegurado que “Google, además, retiró dinero que ya se encontraba en mi cuenta, y que ya estaban reconocidos como ingresos de Youtube”.

Esta demanda promovida desde UGT, pretende abrir el debate y poner de manifiesto las presiones que sufre este colectivo en el desarrollo de su trabajo, que es su medio de vida, y la necesidad de que estos trabajadores sean reconocidos como empleados de la empresa.

UGT, como ya hizo con las personas trabajadoras de plataformas digitales de reparto, tiene claro el compromiso de luchar contra los falsos autónomos y la precariedad que intentan imponer estos gigantes de las tecnológicas intentando burlar el derecho laboral. Por ello, esperamos que otras personas trabajadoras en situaciones similares se decidan a demandar a las empresas titulares de redes sociales; para que se reconozcan sus derechos como personas creadoras de contenido, como editoras, como moderadoras, en definitiva, que todas las personas que trabajan en el mundo digital tengan reconocidos los mismos derechos que el resto de la clase trabajadora.