La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores ha celebrado, con motivo del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, unas jornadas bajo el nombre “Este 1º de Mayo, UGT exige salud. La Ley no nos protege, el Siglo XXI exige cambios”. En las jornadas, celebradas en Alcalá de Guadaira, Sevilla, se ha recordado a las víctimas de accidentes laborales y enfermedades profesionales y se ha puesto de manifiesto la necesidad de abordar cuestiones como la prevención del suicidio en el ámbito laboral y el reconocimiento del cáncer de origen laboral. 

En la semana que se celebra el 1º de mayo, UGT ha querido recordar que la prevención debe ser una pieza fundamental en la mejora de los derechos de la clase trabajadora y que urge la actualización de una ley de Prevención de Riesgos Laborales, que se aprobó hace más de 30 años y que, sin duda, no contempla muchos de los nuevos riesgos a los que están expuestas las personas trabajadoras. 

Precisamente hoy, el Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley, que recoge el acuerdo alcanzado en materia de prevención de riesgos laborales por el Gobierno y los sindicatos para la modificación de la actual Ley de Prevención de Riesgos Laborales y del Reglamento de los Servicios de Prevención. Más de 700 personas están muriendo en accidente de trabajo cada año, y ello hacen que la actualización de dicha ley sea una obligación de la sociedad en su conjunto. 

El texto, que ahora comenzará su trámite parlamentario, pretende adaptar la normativa a la nueva realidad del mercado de trabajo, ya que dota de perspectiva de género y edad a la gestión preventiva y se abordan los desafíos que conllevan las transiciones digital, climática y demográfica desde un enfoque amplio e integral. A este respecto, obliga a revisar la evaluación de riesgos en los casos de cambios en las condiciones de trabajo que supongan la aparición de nuevos riesgos, incluidos los derivados del cambio climático, de la digitalización o de las nuevas formas de organización de trabajo. Además, con la modificación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se alcanzará una mejora en la gestión de los riesgos psicosociales de origen laboral, ya que fomenta las evaluaciones de riesgos psicosociales. Otra novedad es que la vigilancia de la salud, además de incluir el estado físico, también debe contemplar el estado mental. 

Por otro lado, se incluye la definición de violencia y acoso laboral en línea con el C190 de la OIT, ratificado por España. En esta definición se establece que dichas conductas pueden suceder una sola vez o de manera reiterada e incluye la realizada a través de las nuevas tecnologías o por uso de algoritmos o IA. Además, se incluye el compromiso del Gobierno de aprobar una norma para la gestión de los riesgos psicosociales de origen laboral, como ya existe para otros riesgos. 

Respecto a la digitalización, además, especifica que en la evaluación de riesgos se deben incluir los factores de naturaleza organizativa, es decir, aquellos relacionadas con las condiciones de trabajo, las características de la tarea y la organización del tiempo de trabajo, entre otros, y se incluye el derecho a la desconexión digital. Para abordar los riesgos laborales derivados del cambio climático, el Anteproyecto de Ley establece que entre las medidas de emergencia se deben contemplar la actuación frente a catástrofes y otros fenómenos meteorológicos adversos y, además, se amplía la definición de riego grave e inminente.  En cuanto a los riesgos derivados de la transición demográfica, el texto dota de perspectiva de edad a la gestión preventiva. Esto va a permitir adaptar el trabajo a la persona. Además, se establecen las actividades prohibidas a menores de edad, entre los que se encuentran aquellas que impliquen exposición a actos o representaciones de carácter pornográfico o violento o trabajos que superen objetivamente las capacidades físicas o psicológicas de los menores.

La modificación normativa dota también de perspectiva de género, promoviendo la eliminación de desigualdades entre hombres y mujeres en el ámbito preventivo. Además, se refuerza la protección de las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia natural ya que, entre otros, se establece la obligación de realizar una evaluación específica una vez comunicado el embarazo, en la que se tengan en cuenta tanto las condiciones de trabajo existentes como el estado de salud.

En cuanto a los cambios que afectan a la gestión preventiva, se elimina la posibilidad de que el empresario/a asuma personalmente la actividad preventiva en empresas de hasta 25 personas trabajadoras, reduciéndose a 10 personas en plantilla; se refuerza la figura del trabajador designado y se reduce la ratio de plantilla para que las empresas tengan obligación de constituir un servicio de prevención propio. También se incluyen los protocolos de adaptación al puesto de trabajo tras ausencia prolongada por motivos de salud, en los que deberán recogerse las adaptaciones que deban realizarse para la reincorporación, así como la actualización de la formación preventiva en casos de ausencias superiores a 6 meses. 

En cuanto a la formación en materia preventiva, se refuerzan tanto la presencialidad y los contenidos y se incluye la bonificación de la formación obligatoria de PRL a las empresas de menos de 10 personas trabajadoras. Para ayudar a integrar la cultura preventiva en las PYMES, se crea la figura del Agente Territorial de Prevención, con funciones en empresas que tengan menos de 10 personas trabajadoras y que no tengan representación legal de las personas trabajadoras. Además, se aumenta el crédito horario de los delegados y delegadas de prevención en un 20% y se reconoce el derecho a consulta sobre la elección de la Mutua y del Servicio de Prevención Ajeno.

UGT considera inaplazable que en este 2026, declarado como año de la Seguridad y Salud en el Trabajo, se apruebe la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. La sociedad y la clase trabajadora lo necesita urgentemente, por lo que el sindicato pide al conjunto de fuerzas políticas que debatan anteponiendo la seguridad y salud de la clase trabajadora sobre otro tipo de criterios. La protección de la salud y de la vida en el trabajo están en riesgo. La nueva Ley debe adaptarse a los nuevos tiempos y proteger a quien cada día sale a ganarse la vida.

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