UGT, CCOO y la Federación Estatal de Asociaciones de Víctimas del Amianto (FEDAVICA) se han reunido el pasado 22 de abril con el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, para solicitar la modificación del Real Decreto 483/2025, de 17 de junio, por el que se establecen los requisitos y se regula el procedimiento para reconocer el derecho a la compensación económica para las víctimas del amianto.

Desde UGT, hemos trasladado nuestras discrepancias sobre el fondo y la frustración generada entre las víctimas del amianto, fundamentalmente en torno a tres cuestiones:

• Las cuantías aprobadas para las indemnizaciones están muy alejadas de las que se vienen obteniendo por sentencia judicial.
• El escasísimo número de solicitudes aprobadas, debido a que hay tres casos que tienen reconocido el derecho a estas indemnizaciones por la Ley 21/2022 de creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto, pero para los que el RD ha establecido una moratoria en su entrada en vigor pendiente de la aprobación de la Ley de los Presupuestos Generales del Estado (personas con indemnización reconocida por sentencia, pero que no pueden ejecutarla por desaparición de la empresa condenada, personas enfermas por exposiciones ambientales y herederos de personas fallecidas por amianto). Por otro lado, no se han incluido como objeto de indemnización los casos de enfermedad profesional por asbestosis sin restricción respiratoria, ni los de afecciones fibrosantes de la pleura y pericardio que cursan con restricción respiratoria o cardíaca.
• Falta de exención de tributación del IRPF, como ya sucede de manera absolutamente justificada con otros colectivos (víctimas del amianto, del VIH, de la talidomida o del accidente ferroviario de Adamuz). Además, las Haciendas Forales de Euskadi y Navarra sí han aprobado dicha excepción, por lo que se producirá una discriminación entre las víctimas del amianto de estas dos CCAA y las del resto.

El secretario de Estado ha tomado nota de estas exigencias, pero no se ha conseguido ningún compromiso firme de solución de ninguna de estas tres cuestiones. Los únicos compromisos verbalizados han sido los de trasladar nuestras quejas a la ministra Elma Saiz, como responsable política máxima del Ministerio, y darnos una respuesta en un plazo de tiempo razonable.

Desde UGT, CCOO y FEDAVICA, consideramos imprescindible solucionar estas tres graves deficiencias para que el Fondo de las víctimas del amianto cumpla con el objetivo principal recogido en la Ley que lo regula, que no es otro que evitar los largos e impredecibles procesos judiciales a los que las víctimas se ven obligadas a recurrir para ver compensado los daños contra la salud y la propia vida que han sufrido.

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