Persiste la brecha digital territorial en España: la mitad de inmuebles sin una conectividad funcional a internet (al menos, 30 Mbps de velocidad) se concentran en Galicia, Andalucía y Castilla y León. UGT exige agilizar las políticas para dotar a todas las viviendas del país de una conectividad a 100 Mbps en menos de un año, tal y como recoge la Ley General del Telecomunicaciones.

España cuenta con una de las mejores redes de fibra óptica del mundo – incluyendo la tercera mejor red rural de Europa- pero todavía casi medio millón de viviendas no disponen de una cobertura funcional de conexión a Internet. Una cifra que aumenta hasta 635.527 unidades inmobiliarias, se si tiene en cuenta cualquier construcción que precise de conectividad, como negocios y locales.

Estos datos, proporcionados por el Ministerio de Economía para este año 2022, suponen el incumplimiento de la Agenda Digital para Europa que obligaba a todos los Estados Miembros de la Unión a ofrecer, al menos, 30 Mbps de velocidad a toda su población en el año 2020. Si bien, es justo indicar que solo los estados isleños de Malta y Chipre consiguieron tal objetivo y que España, con un 95% de cobertura de dicha velocidad, es uno de los que más cerca se han quedado (Francia se quedó en un 65% y Polonia en un 75%). 

Si se amplía la mirada hasta los 100 Mbps, la velocidad mínima de conexión a Internet estipulada por la recientemente aprobada Ley General de Telecomunicaciones, y que deberá estar garantizada en un año, el número de viviendas que están desconectadas aumenta hasta las 583.00 (776.000 si se tienen en cuenta todos los tipos de unidades inmobiliarias).

La mitad de este porcentaje de inmuebles sin una conectividad funcional se concentra en las CCAA de Galicia, Andalucía y Castilla León. Entre las provincias que aglutinan más inmuebles sin cobertura, hay tres gallegas (Ourense, A Coruña y Lugo), seguidas de Tarragona y Alicante.

UGT exige al Gobierno unas políticas más decididas para acabar con esta brecha digital territorial. Las medidas puestas en marcha hasta la fecha llegan tarde, y si queremos dotar a todas las viviendas del país de una conectividad a 100 Mbps en menos de un año, los esfuerzos tanto económicos como procedimentales deberán aumentar exponencialmente. 

Asimismo, el sindicato recuerda que este esfuerzo puede resultar baldío sino se acompaña de medidas de formación en competencias digitales y de dotación de medios (ordenadores y bonos sociales de conectividad) a las personas actualmente excluidas del mundo digital.  

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