La aprobación ayer por unanimidad en las Juntas Generales de Gipuzkoa de una iniciativa de Elkarrekin Podemos para que las indemnizaciones previstas en el fondo de compensación de las víctimas del amianto sean consideradas exentas en el IRPF contrasta con la negativa expresada por el Gobierno a que dicha exención se incluya en la Ley que regula dicho fondo

Desde la tramitación en el Congreso de los Diputados de la Ley del fondo de compensación de las víctimas del amianto, la Federación Estatal de Asociaciones de Víctimas del Amianto (FEDAVICA), UGT y CCOO venimos reclamando que se incluyan las indemnizaciones previstas por este mecanismo entre las rentas exentas del IRPF. El motivo de nuestra reivindicación es múltiple: por un lado, para evitar que las personas afectadas tengan que tributar un 47% de todas las rentas obtenidas en el ejercicio fiscal en el que se procede a indemnizarlas; por otro, para equipararlas a las obtenidas por sentencia judicial o a las previstas para las víctimas del terrorismo y del VIH que sí gozan de la exención y, finalmente, para evitar que las víctimas se vean obligadas a recurrir en primera instancia a la vía judicial, que puede prolongarse durante muchos años.

En todas las ocasiones en que hemos planteado la cuestión, tanto durante la tramitación de la propia Ley del Fondo como en la de los Presupuestos Generales del Estado, hemos recibido la negativa del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados y del Senado. La misma reclamación fue presentada a María Jesús Montero en sendas reuniones que la ministra de Hacienda y Función Pública mantuvo con los secretarios generales de UGT y CCOO para presentar el proyecto de PGE para 2023 y en ambos casos la respuesta fue negativa.

Este hecho contrasta con la tramitación en las Juntas Generales de Gipuzkoa, Bizkaia y Araba de una iniciativa del Grupo Parlamentario Elkarrekin que, en virtud de las competencias fiscales de la Hacienda Vasca, concedería la exención fiscal para las indemnizaciones del fondo a las que accederían víctimas del amianto en los tres territorios históricos de Euskadi. Una iniciativa similar también ha sido presentada en el Parlamento Foral de Navarra, comunidad autónoma que también tiene competencias propias en materia fiscal.

La primera de estas iniciativas fue debatida ayer, 8 de marzo, en las Juntas Generales de Gipuzkoa y fue aprobada por unanimidad, incluyendo el voto favorable del Partido Socialista de Euskadi. Por las informaciones de las que disponemos existe un amplio consenso entre los grupos parlamentarios de las otras dos Juntas Generales y del Parlamento Foral de Navarra para que la iniciativa también salga adelante, lo que significaría que las víctimas del amianto no se verán obligadas a tributar en el IRPF por haber accedido a la indemnización.

Desde FEDAVICA, UGT y CCOO exigimos al Gobierno en su conjunto, y en especial a la ministra de Hacienda y Función Pública, que siga el ejemplo de las instituciones vascas y navarras, extendiendo la exención para el conjunto de las personas afectadas por el amianto de España. Nadie entendería que no se atendiera una petición de mera justicia social y se establecieran víctimas de primera y víctimas de segunda categoría. Y de paso nos ahorraríamos el espectáculo de ver como víctimas de otras CCAA se empadronan en Euskadi y Navarra para evitar tener que tributar el 47% del conjunto de sus ingresos de ese año.

Aprobar la exención antes que el reglamento

Por otra parte, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá realizó ayer una intervención en el Senado en la que informó que el reglamento de la Ley del fondo de compensación de las víctimas del amianto, trámite imprescindible para que la Ley entre en vigor, estará aprobada a finales de junio. Hay que recordar que la Ley preveía un plazo de tres meses para este desarrollo reglamentario que finalizo el 19 de enero. Desde nuestras organizaciones reclamamos al Gobierno que, habida cuenta que ya no se puede evitar el retraso en su aprobación, al menos se apruebe la exención fiscal con anterioridad a la publicación del reglamento para que las víctimas puedan acceder a ella desde un primer momento de tramitación de las indemnizaciones.

Además, José Luis Escrivá afirmó en la misma comparecencia que son las víctimas y sus representantes quienes piden "que no sea un fondo, sino una prestación del INSS" para que así disponga de mayor "seguridad jurídica" y "garantías". En este sentido nos vemos en la obligación de desmentir al ministro, ya que en todas las reuniones que FEDAVICA, UGT y CCOO hemos mantenido con los grupos parlamentarios durante la tramitación del a Ley hemos defendido la necesidad de que se mantenga el espíritu de la proposición de Ley del Parlamento Vasco que da origen al Fondo, que definía al instrumento como un fondo de compensación y a las cantidades a percibir por las personas afectadas como indemnizaciones. Y en las dos reuniones celebradas con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a propósito del Reglamento, en ningún momento se ha abordado esta cuestión, ni por parte del Secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones ni muchísimo menos por nuestra parte. En todo momento en el que nuestras organizaciones han sido preguntadas a este respecto hemos dejado clara nuestra posición, negando la condición de prestaciones y defendiendo que se tratan de indemnizaciones que deberían sustituir a las que hasta el momento se perciben a través de sentencias judiciales.