Según los cálculos realizados por la Confederación Europea de Sindicatos (CES), se podrían producir recortes en Francia por valor de 26.000 millones de euros, en Italia por 25.000 millones, en España por 14.000 millones, en Alemania por 11.000 millones, en Bélgica por 8.000 millones y en los Países Bajos por 6.000 millones de euros, de cara a cumplir los objetivos de reducción del déficit en cuatro años.

Si bien es verdad que los Estados miembro podrán solicitar ampliar los recortes a un
periodo de siete años, es también cierto que corren el riesgo de que sea a cambio de compromisos de reformas económicas más duras y contrarias a los derechos e intereses de las y los trabajadores, tal y como se experimentó -con durísimos e injustos recortes- durante la pasada década.

Si en este momento Europa debería estar invirtiendo en un futuro verde, sostenible y justo, es evidente que los planes para reintroducir la austeridad pueden devolver a la UE a periodo más oscuro. Cuesta creer que los gobiernos nacionales hayan firmado un plan que les obligará a hacer recortes de gasto de más de 100.000 millones de euros en un solo año. Para UGT, resulta sorprendente, cuando no indignante, que los gobiernos hayan decidido volver a permitir que el muy nefasto e ineficaz austericidio que supuso aumento del paro, salarios más bajos y peores condiciones laborales, infrafinanciación de los servicios públicos y descentralización de la negociación colectiva regrese a la realidad cotidiana de la mayoría social que compone la UE.

El Parlamento Europeo tiene ahora un papel crucial que desempeñar en las negociaciones con el Consejo para limitar los daños, garantizando que las normas fiscales no obliguen a los países a ir demasiado lejos ni demasiado rápido en la reducción de su deuda y su déficit, por lo que el movimiento sindical europeo ha pedido a las y los eurodiputados que garanticen:

- Que no se introduzcan las llamadas "salvaguardias del déficit" porque tendrán graves efectos negativos sobre el PIB.

- Que se protejan las inversiones necesarias para la transición ecológica, el Pilar Europeo de Derechos Sociales y se impidan las reformas contrarias a los derechos e intereses de las
personas trabajadoras.

- Los límites de la ratio deuda/PIB deben empezar a disminuir una vez finalizado el periodo de ajuste.