El vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, y el secretario de Relaciones Internacionales del sindicato, Jesús Gallego, intervienen en un seminario de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) sobre democracia en el trabajo

Una jornada inaugurada por Jesús Gallego, que ha resaltado la importancia de que “el gobierno de España sea quien ostente la presidencia de turno de la Unión Europea en el momento en el que se decidirá sobre varios instrumentos legales europeos de enorme potencial para garantizar la participación de las y los trabajadores en la gestión de las empresas”.

De esta forma, ha considerado que “el panorama normativo de la UE en el ámbito del Derecho laboral y del Derecho de sociedades sigue estando excesivamente fragmentado, lo que en ocasiones da lugar a una absoluta falta de seguridad jurídica sobre las normas y los derechos aplicables a los empresarios. Es esencial simplificar la legislación existente, pero sobre todo reforzar los derechos de las personas trabajadoras, en particular los derechos de información, consulta y participación”.

Derechos que son “núcleo indiscutible de la libertad sindical que, en palabras, además, del propio Tribunal Europeo de Derechos humanos, importan. Importan en una agenda tanto europea como española. La democracia en el trabajo desempeña un papel fundamental a la hora de reforzar los derechos humanos en el lugar de trabajo y en la sociedad. Democracia en el trabajo es democracia. Contra el fascismo también se lucha en el lugar de trabajo. Mejorar la calidad democrática de éstos contribuye a mejorar la calidad democrática de los estados”.

Para el secretario de Relaciones Internacionales de UGT, “aumentar la democracia en el trabajo, una mayor participación, y cogobierno sindical, además de transparencia, permitirá también un mayor desarrollo de tales derechos humanos. Permitirá tener unas mejores relaciones laborales y unos estándares de vida y de trabajo, más altos para las ciudadanas y ciudadanos europeos. La implicación de los sindicatos y las personas trabajadoras es la mejor manera de prevenir y poner fin a las violaciones de los derechos humanos en las empresas y sus cadenas de suministro”. 

“Estar ahí significa poder repartir mejor la riqueza que genera la mayoría social”, ha manifestado, “poder reducir la jornada laboral, contribuir a la igualdad real de trabajadoras y trabajadores, invertir de manera responsable y ética y respetar los derechos sindicales en la cadena de gestión. De ahí la importancia de que la democracia en el trabajo sea una realidad”.

Los sindicatos somos mucho más que observadores de las decisiones empresariales

Durante su intervención, el vicesecretario general de Política Sindical de UGT ha afirmado que “la participación sindical en la toma de decisiones empresariales es fundamental para la instauración y continuación de la paz social, así como mejorar la productividad, la innovación y la organización del trabajo”. 

En este sentido, ha considerado que “se ha demostrado que la participación de los trabajadores y trabajadoras en la empresa mejora la productividad, la innovación y la organización del trabajo, apoya la transición hacia una economía ‘cero carbono’, climáticamente neutra, eficiente en recursos y circular y la igualdad de género, mejora la buena organización del trabajo y la toma de decisiones, y ofrece alternativas a la reducción del empleo ocasionada por la crisis”.

Sin embargo, y aunque la participación de las personas trabajadoras en la gestión de las empresas “está prevista en la Constitución Española y en la legislación europea por la Directiva 2001/86/CE del Consejo, e integrada en el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea, aún no existe una verdadera democracia en el trabajo, ya que los sindicatos somos más observadores de las decisiones empresariales en lugar de sumarnos a su gestión como sujetos operantes de las mismas”. 

Por ello, ha considerado la necesidad de impulsar una “verdadera democracia en las empresas y en las relaciones laborales garantizando la representación de los trabajadores y las trabajadoras en los Consejos de Administración de las empresas mediante el establecimiento de cuotas mínimas en función del tamaño de la empresa; garantizando la participación efectiva y real de los representantes de los trabajadores y trabajadoras en los procesos de reestructuración; e impulsando la capacidad de los sindicatos y la representación legal de los trabajadores y trabajadoras de evaluar los planes de introducción de dichas tecnologías previamente".