El consultorio monográfico laboral de UGT aborda esta semana la nueva ley de vivienda aprobada el pasado martes en Consejo de Ministros

Una ley que se ha hecho esperar más de la cuenta y que no parece suficiente para la emergencia habitacional que sufre nuestro país. De hecho, desde 2008 se han producido más de 1 millón de desahucios y el precio del alquiler se ha incrementado en un 50% entre 2013 y 2019. 

Desde UGT se ha pedido al Gobierno incorporar garantías reales para asegurar el acceso a la vivienda que promueva un plan ambicioso para erradicar los problemas tan graves que sufre nuestro país, como los desahucios, la burbuja de los precios del alquiler y la pobreza energética, agravada por la subida de los precios de la luz de los últimos meses.

En este sentido, el consultorio ha contado con la colaboración de Álvaro Rísquez, técnico del Servicio de Estudios Confederal (SEC) de UGT, que ha señalado que “esta ley no es suficiente, es poco garantista y poco ambiciosa. Tras 8 meses de retraso respecto al compromiso adquirido por el Gobierno, es una ley de muy corto alcance. Además, incluye una prórroga de 18 meses para que entren en vigor algunas medidas, por lo que el impacto que tendrá no se podrá medir a corto plazo”.

Para Rísquez, “las medidas contempladas en esta ley no garantizan el acceso universal a la vivienda. La regulación de los alquileres no se garantiza de manera común. Se segregan medidas según el tipo de inquilino. Los grandes propietarios jurídicos serán obligados a bajar los precios, y los particulares dan igual que tengan 200 viviendas, no hay mecanismos para que bajen esos precios. Solo incluye un sistema de incentivos fiscales que la propia AIREF ya ha dicho que son regresivos”.

“Tampoco se prohíben los desahucios sin alternativa habitacional, que ya ha conllevado varias denuncias, sino que se prohíben temporalmente los desahucios, entre 2 y 4 meses”, ha afirmado. Además, “no se incluyen medidas que prohíban el corte de suministro en colectivos vulnerables, ni un plan ambicioso de consolidación de parque público de viviendas”.

El Gobierno no ha recogido las propuestas de UGT

En su valoración, Álvaro Rísquez ha recordado que “UGT presentó el año pasado una iniciativa sindical por el derecho a la vivienda, donde se recogía una regulación común que afectaba a toda la vivienda de alquiler, con mecanismos más efectivos para bajar esos precios y reequilibrarlos respecto a los salarios. También recogía un plan ambicioso de consolidación de parque público de vivienda y una segunda oportunidad para aquellos hogares con deudas hipotecarias. Estos tres ejes son muchos más garantistas que la ley actual”.

“Este año nos hemos incorporado a una plataforma junto a 120 organizaciones sociales”, ha recordado, “y hace pocas semanas registramos una ley de vivienda en el congreso, con apoyo de partidos políticos, con medidas que no se han incorporado a la ley aprobada por el Gobierno”.

En este sentido, es imprescindible atajar esta problemática lo antes posible. “Con el coronavirus, se pensaba que el mercado del alquiler iba a sufrir un pinchazo, pero no ha sido así. Con la recuperación, el empleo que se crea es precario e inestable, con salarios bajos, por lo que se dificulta mucho el acceder a una vivienda a precio asequible. Se puede producir una avalancha de desahucios y se seguirá sin garantizar el derecho a la vivienda”.