Las personas con discapacidad continúan teniendo dificultades para participar en el mercado laboral, como así lo demuestra su tasa de paro del 22,5%, casi 8 puntos por encima de la población en general, y su baja tasa de empleo, cercana al 27% y muy alejada del 66,3% de las personas sin discapacidad. Es decir, según los últimos datos de empleo publicados, durante 2021, sólo 1 de cada 4 personas trabajadoras con discapacidad estaban trabajando. A esto se une una alarmante tasa de inactividad del 65,4%, cuando en las personas sin discapacidad en edad de trabajar era del 22,3%.

Si atendemos a la contratación, en 2022 se formalizaron 314.948 contratos con personas con discapacidad, lo que tan sólo supone el 1,72% del total de contratos registrados. Además, aunque la reforma laboral promueve la estabilidad en el empleo, únicamente 1 de cada 3 contratos fue indefinido, un hecho que evidencia que continúa la baja calidad en el empleo. 

De esta forma, podemos afirmar que la inclusión laboral de las personas con discapacidad, del 6,31% de la población en edad de trabajar, sigue sin lograrse, a pesar de las políticas de empleo y todos los mecanismos regulados.

Por ello, UGT insta al Gobierno a evaluarlas y, en su caso, a rediseñarlas en el seno de una mesa de diálogo social específica en materia de discapacidad, que además avance en la eliminación de las desigualdades y discriminaciones en el empleo; impulse y fomente entornos laborales accesibles; y preste una especial atención a los programas de inclusión para las mujeres con discapacidad, que son víctimas de una doble discriminación, por ser mujer y por tener una discapacidad.

La empleabilidad de las personas con discapacidad es una prioridad para UGT

El empleo de las personas con discapacidad es una de las prioridades de nuestra acción sindical en las empresas. En este sentido, el sindicato pone en valor el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2023 -2025 firmado recientemente. En el mismo, se han incluido medidas específicas, que para UGT son esenciales con el fin de actuar sobre los obstáculos que impiden su inclusión laboral, junto con la promoción del acceso al empleo ordinario, el cumplimiento de la normativa en la contratación, y una especial atención a la discapacidad sobrevenida y a la intensificación de la actuación de la inspección de trabajo.

Además, el sindicato comparte con la UE la necesaria implantación de un único modelo de tarjeta de discapacidad en todos los estados miembros, que servirá para demostrar a sus titulares esta condición. Asimismo, a la hora de acceder tanto a bienes y servicios, como a ámbitos como la educación, la vivienda o la movilidad, facilitará la aplicación de las condiciones especiales y tratamiento preferencial existentes en los distintos países.

No obstante, esta tarjeta también debería abarcar el ámbito laboral, con el fin de permitir la aplicación de las medidas de fomento a la contratación, establecidas en cada país para las personas con discapacidad, y la realización de las adaptaciones y ajustes necesarios de los puestos de trabajo. De esta forma, además de facilitar el acceso a un empleo, se impulsaría la accesibilidad universal en los centros de trabajo.

Para UGT, la inclusión laboral de las personas con discapacidad debe ser una realidad, junto con la mejora de su calidad de vida y el ejercicio pleno de sus derechos, de acuerdo con establecido en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con discapacidad de la ONU de 2006. La discapacidad nunca debe ser un motivo de discriminación que impida la contratación ni la escasa permanencia en el empleo.