La coalición #NiUnDesahucioMás -que engloba a más de 100 organizaciones sociales por el derecho a la vivienda- exige la aprobación, este martes, de un Real Decreto sobre vivienda ambicioso que incluya, entre otras, la recuperación de la moratoria que pararía miles de desahucios de personas vulnerables, pero también medidas para afianzar los contratos de arrendamiento indefinidos que impongan límites a la actualización anual de la renta, y otras para el control de precios de la vivienda.  

Las movilizaciones multitudinarias por el derecho a la vivienda en varias localidades del Estado español, además de una acampada permanente en Madrid evidencian el hartazgo de la gente sobre la situación de la vivienda en España, especialmente tras el desahucio de la semana pasada de Maricarmen, una mujer de 87 años, en silla de ruedas y que siempre ha pagado su alquiler. Entre otros aspectos, exigen que este martes se den pasos hacia la solución del problema de la vivienda en España.  

Las organizaciones llevan meses advirtiendo de la situación crítica que viven muchas personas, en un contexto marcado por el encarecimiento extremo del alquiler, la falta de vivienda de alquiler social y el colapso de los sistemas de protección social y habitacional. Tal y como la coalición denunció la semana pasada, el desahucio de Maricarmen, como el de tantos miles de familias cada año, es el resultado de un sistema que antepone los intereses del mercado especulativo al derecho a la vivienda.  

Incluso Naciones Unidas denunció que España había incumplido sus obligaciones internacionales en materia de vivienda en el caso de Maricarmen, y exigió medidas para que esta situación no vuelva a suceder, como garantizar un análisis de proporcionalidad en cada caso y ofrecer una alternativa habitacional. España es el país que más condenas tiene por parte del Comité de Derechos Sociales Económicos y Culturales de Naciones Unidas, siendo la práctica totalidad por violación del derecho a la vivienda y por casos de desahucios de personas vulnerables.

El caso de Maricarmen no es único: cada día se producen más de 70 desahucios en España, muchos de ellos con personas mayores, niños y niñas, personas dependientes y con problemas de salud. Cuando decayó la moratoria antidesahucios, las organizaciones sociales advertimos de las graves consecuencias que podía conllevar, siendo no obstante una medida limitada en el tiempo y que, aun habiendo protegido a más de 60.000 familias, también había dejado sin cobertura a otras, a pesar de haberse acreditado su vulnerabilidad.   

Mañana martes, el Gobierno debe presentar un Real Decreto-Ley que dé respuesta a las demandas y proteja efectivamente los derechos de las personas inquilinas, garantizando el derecho a la vivienda. 

La coalición “Ni Un Desahucio Más” exige que el se incluyan como mínimo las siguientes medidas: 

• Moratoria  de desahucios permanente y aprobar soluciones estructurales para superar la emergencia residencial.  
• Renovación automática de los contratos de alquiler en vigor como medida preventiva indispensable para frenar nuevos procesos de expulsión residencial. 
• Congelación de los precios de los alquileres, limitando las actualizaciones anuales de la renta. 

Asimismo, el poder judicial debe tomar decisiones judiciales que cumplan con las obligaciones internacionales y suspendan desahucios sin alternativa habitacional en situaciones de vulnerabilidad.  

Las organizaciones reclaman asimismo a los grupos políticos su responsabilidad a la hora de votar en el Congreso el texto que pueda aprobar mañana el Consejo de Ministros. 

Más allá del decreto de vivienda que se pueda aprobar a corto plazo, la ola de indignación social y de protesta en torno al gravísimo problema de la vivienda que vivimos en España, ha situado encima de la mesa la necesidad de avanzar aún más en otras medidas futuras, abriendo un intenso debate social y político. Existen opciones que deberían ser estudiadas y desarrolladas, como por ejemplo adoptar nuevas regulaciones centradas en limitación de la compraventa especulativa para garantizar que las viviendas sirvan para vivir en ellas, así como activar políticas y líneas de actuación centradas en la movilización de viviendas, sea por adquisición mediante tanteo y retracto, expropiación u otras vías; de los inmuebles que a día de hoy no pueden cumplir con su función social porque están en manos de fondos buitres y/o los grandes propietarios. 

La prioridad de estas medidas debe ser rescatar a las familias que viven en ellas y aumentar el parque público permanente de vivienda de protección oficial, que se está perdiendo en beneficio de los privados a medida que la protección legal sobre ellas expira.  

Ante la gravedad de la crisis habitacional y el clamor social, no es el momento de plantear medidas descafeinadas. Gobierno y grupos políticos deben cumplir con sus obligaciones y proteger el derecho a la vivienda. 

Ni una Maricarmen más, #NiUnDesahucioMás. 

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