La huelga general del 11 de noviembre ha sido un éxito. Convocamos una huelga conscientes de que su impacto sería mayor, allí donde la vivienda se ha convertido en un derecho inaccesible y que las movilizaciones serían masivas, hasta el punto de que, con un tiempo excesivamente lluvioso, han desbordado cualquier expectativa, por optimista que fuera. CCOO y UGT expresan su enorme satisfacción por una movilización que ha situado a la mayoría social en el lado correcto: el de quienes defienden que la vivienda es un derecho y no un negocio y que su salario debe garantizar una vida digna.

La huelga tenía objetivos claros, y la ciudadanía los ha hecho suyos. Que la vivienda deje de ser un bien con el que especular y se garantice como el derecho que es. Que los salarios recuperen el poder de compra perdido y alcancen para vivir con dignidad, empezando por un techo. Y que los precios se controlen, para que la bonanza económica llegue a la mayoría de la ciudadanía. Como anunciamos, el paro ha tenido más fuerza allí donde la vivienda asfixia más, zonas especialmente tensionadas, y en los sectores y empresas donde la presencia sindical es mayor. El mensaje ha sido rotundo.

UGT y CCOO agradecen el compromiso de todas las personas trabajadoras que lo han hecho posible. De quienes formaron los piquetes informativos desde la madrugada. De quienes secundaron el paro. Y de quienes, queriendo hacerlo, no pudieron, por diferentes motivos, pero sobre todo por los que sufren la represión de algunos empresarios que vulneran conscientes un derecho fundamental.

A esas presiones se han sumado unos servicios mínimos abusivos. Los fijados por la Comunidad de Madrid llegaron a tal extremo que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha tenido que anularlos en el transporte, la justicia y la educación mediante un auto de medidas cautelarísimas. Que los tribunales tengan que corregir de urgencia a un gobierno autonómico da la medida de su falta de respeto a la Constitución y al derecho fundamental de huelga. Denunciamos también algunas actuaciones policiales desproporcionadas en diferentes ciudades de España y especialmente como las cargas con gas pimienta en Madrid.

Y, a pesar de todo, la clase trabajadora ha salido en masa. Para defender la dignidad de las personas que trabajan. La de los jóvenes que quieren emanciparse. La de las personas mayores, que ven como se amenaza su pensión. La de las personas enferma a las que se les cuestiona su prestación por IT y su derecho a recuperar la salud. Ha salido en defensa de los servicios públicos.

Esta jornada ha estado marcada también por el recuerdo de las víctimas del accidente de Urda. CCOO y UGT les rinden hoy un homenaje sentido. Nuestro pensamiento está con ellas, con sus familias y con sus compañeros y compañeras, a quienes seguimos acompañando en el dolor. Su memoria nos obliga, y por eso reivindicamos también un servicio ferroviario con los medios humanos y materiales necesarios para que una tragedia así no vuelva a repetirse.

Este éxito es compartido. UGT y CCOO lo han construido codo con codo, dando juntos cada paso de esta movilización, desde la convocatoria hasta la última manifestación. Y lo comparten con el resto de organizaciones sindicales y sociales con las que han trabajado, y de manera especial con el Sindicato de Inquilinas. La unidad ha sido la gran fortaleza de esta jornada, y es la mejor garantía de que la demanda que hoy ha salido a la calle no se apague mañana.

Ahora toca que nos escuchen y que actúen. La ciudadanía ha dicho Basta.  Quienes han sido interpelados por esta huelga —las fuerzas políticas, todos los que tienen responsabilidad de gobierno en materia de vivienda y la patronal— tienen que atender una demanda social incontestable y mayoritaria: vivienda, salarios, precios. El primer paso puede darse hoy, 12 de noviembre, con la convalidación en la Diputación Permanente del Congreso de los dos reales decretos-leyes de vivienda. El 29/2026 suspende hasta 2030 los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, impide a los fondos buitre comprar vivienda por debajo del 70% de su valor, limita al 2% la subida de los alquileres hasta finales de 2027 y permite prorrogar hasta dos años los contratos que venzan antes de que acabe 2028. El 28/2026 da estabilidad a los inquilinos: cumplidos cinco años de contrato, siete si el casero es una empresa, el alquiler se prorroga por periodos iguales, y el arrendador que no renueve tendrá que indemnizar con al menos doce mensualidades.

Es hora de que en nuestro país se garantice un derecho tan básico como la vivienda. Es tiempo de devolver a los salarios el poder de compra perdido. Exigimos articular medidas que los protejan de la inflación. Y la patronal debe sentarse, de una vez, a negociar el VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva.

La movilización de hoy tiene que ser oída. El 11N no es el final de nada. Es el comienzo de una nueva etapa en la que el bienestar de la mayoría social, a la que no se le pueden pedir sacrificios para que se enriquezcan los de siempre, tiene que estar en el centro de la política. Ese es el lado correcto, y en él seguiremos. 

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