Una jornada en la que ha señalado que “garantizar la libre circulación de personas en el seno de la Unión Europea supone para los Estados Miembros afrontar un problema singular que, en la práctica, de no solucionarse, obstaculiza el ejercicio de este derecho: cómo conservar los derechos de Seguridad Social en el país de residencia por las personas migrantes”.

En este sentido, ha denunciado que “la cooperación administrativa necesaria no está siendo tan ágil como cabría esperar, ya que, a pesar de los esfuerzos por mejorar el flujo transfronterizo de información sobre Seguridad Social, la complejidad de los trámites burocráticos, la necesidad de que cierta documentación se encuentre en formato físico o la dificultad en ocasiones de verificarla o validarla ocasiona que la actuación administrativa sea lenta y no pueda ofrecer una respuesta lo suficiente rápida a las necesidades y demandas de la ciudadanía”. 

La actual falta de herramientas digitales para la aplicación transfronteriza significa, para Barrera, “graves consecuencias para los trabajadores móviles cuando enferman, se quedan en paro o se jubilan. Al no presentar la Comisión Europea ninguna propuesta concreta en su comunicación para colmar las lagunas jurídicas, se seguirá permitiendo la explotación de los trabajadores más vulnerables”.

“La Comisión ya ha pasado dos años "explorando" esta cuestión a través de un proyecto piloto y ahora ha vuelto a retrasar este asunto para que se ocupe de él la próxima Comisión que salga de las urnas el próximo año”, ha recordado. Sin embargo, “la reciente experiencia demuestra que las soluciones digitales para una movilidad justa están al alcance de la mano, necesitamos que la Comisión y los Estados miembros desempeñen su papel, garantizando la disponibilidad de los recursos y la infraestructura necesarios”.

Faltan cuestiones por abordar

Para la secretaria de Políticas Europeas de UGT, “con la voluntad política adecuada es posible actuar con rapidez. En 2021, en menos de seis meses fue posible desarrollar y desplegar el Certificado Digital COVID de la UE en todo el continente. Esto contrasta fuertemente con la falta de acción de la Comisión en materia de seguridad social digital durante el mismo periodo”.

De esta forma, ha manifestado que “no se aborda la cuestión de cómo deben prepararse las administraciones públicas de los distintos Estados miembros para la aplicación de los instrumentos previstos, o el tema de la prevención de la exclusión digital. La transformación digital debe llevarse a cabo de manera que se permita la inclusión de todos los grupos de la sociedad, independientemente de la edad, el grado de discapacidad u otras características que puedan fomentar o exacerbar la exclusión digital. Las propuestas de la Comisión suscitan dudas legítimas en cuanto a la posibilidad de que las personas excluidas digitalmente las utilicen, lo que puede impedir el uso de mecanismos adecuados”.