En el mes de junio el paro registrado en los Servicios Públicos de Empleo se ha reducido en 94.717 personas, lo que, siendo una cifra cuantitativamente reseñable, es inferior a la registrada en los tres últimos años. Hay que tener en cuenta que el mes de junio es uno de los mejores meses del año para el empleo, de modo que siempre se reduce el paro en este mes debido a factores estacionales, esencialmente por las contrataciones relacionadas con el sector del turismo y las temporadas vacacionales. La fuerte estacionalidad del dato se pone de relieve en el hecho de que, corrigiendo ese efecto, el paro ha aumentado en 24 personas (según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social).

El paro registrado ha caído en este mes en ambos sexos (53.462 hombres y 41.265 mujeres), en los tres mayores sectores (sobre todo en servicios, donde cae en 61.887 personas; crece en la agricultura, en 7.027 personas), y en todas las Comunidades Autónomas (crece en la Ceuta y Melilla). El número total de parados registrados se eleva aún a 4.120.304 personas. 

Por su parte, el número de afiliados medios a la Seguridad Social ha aumentado en el mes en 35.085 personas, una cifra también inferior a la registrada en 2014 (56.622), y muy alejada de los niveles normales de aumento en un mes de junio en la anterior etapa expansiva (cuando se situaban en torno a las 100.000 afiliados más). El dato corregido de variaciones estacionales confirma también lo apuntado por las cifras del paro, puesto que de esta manera no solo no aumenta la afiliación, sino que se reduce en 2.104 personas. 

Siempre es una buena noticia que el empleo aumente y que se reduzca el paro. Es, por otro lado, lo normal en una economía que crece a un ritmo del 3%, como actualmente la española. Sabemos que si la actividad aumenta, el empleo también lo hace, y en consecuencia se reduce el desempleo. Y nuestra economía está subida en la ola del impacto de algunos factores externos que la están llevando a crecer a tasas muy notales: la depreciación del euro, que abarata las exportaciones fuera de la zona euro; la expansión monetaria del Banco Central Europeo (BCE); y, sobre todo, el abaratamiento del precio del petróleo.

Esos factores exógenos son los causantes fundamentales de la reactivación de nuestra economía, y con ella, de la creación de empleo. No hay, por tanto, ninguna responsabilidad en ello del gobierno del Partido Popular; al contrario, su política de recortes, unida a su complacencia con las grandes empresas de sectores clave que yugulan la competencia (señaladamente, en el mercado de la energía y en el de la construcción), provocaron primero la recaída de nuestra economía y el aumento brutal de las desigualdades, y ahora están abonando el camino para una recuperación frágil y carente de mecanismos de solidaridad y justicia redistributiva. 

El Gobierno está propiciando la penosa circunstancia de que cuando nuestra economía crece las condiciones laborales y de vida de los trabajadores empeoren o, al menos, apenas mejoren. Se crea empleo pero se enquista la pobreza; se reduce el paro pero siguen creciendo las desigualdades y la falta de expectativas.

El empleo que se crea es precario, frágil y cada vez más desprotegido. Es el tipo de empleo volátil y de bajo valor añadido que configuró una expansión con pies de barro como fue la experimentada por nuestro país de 1994 a 2007, y que de forma tan abrupta se quebró con la llegada de la crisis primero financiera y luego económica derivada a partir del crash hipotecario. Estamos reproduciendo el patrón de crecimiento que tan nefastas consecuencias tuvo cuando llegaron las primeras dificultades económicas en 2008.

Todos los indicadores reflejan la bajísima calidad del empleo generado y su alta precariedad. Aumenta el número de contratos totales realizados (un 13,6% respecto de junio del pasado año), pero es porque aumenta también la rotación. Y en este mes, de nuevo, solo 7 de cada 100 contratos realizados fueron indefinidos. 

Esa es la triste realidad de nuestro mercado laboral: las empresas utilizan de manera generalizada los contratos temporales, incluso para cubrir puestos de trabajo estructurales, que deberían cubrirse con contratos indefinidos, como determina nuestra legislación. El abuso de la contratación temporal está en la base de nuestro intolerable nivel de temporalidad y precariedad.

Además, sigue aumentando el recurso a los contratos a tiempo parcial como vía de abaratamiento de costes y de flexibilización inadecuada de la jornada laboral. En el pasado mes de junio los contratos a tiempo parcial supusieron el 36,6% de todos los contratos realizados, que los trabajadores se ven obligados a aceptar a pesar de que mayoritariamente preferirían un trabajo a tiempo completo. 

Y si es preocupante el grado de precariedad de nuestro mercado laboral, no lo es menos la imparable caída del nivel de protección por desempleo. La tasa de cobertura de las prestaciones ha caído en mayo (los datos se publican con un mes de retraso respecto de los de paro registrado) hasta su mínimo histórico, desde que comienza la serie homogénea, en 2011: el 54,46%. Está 26 puntos porcentuales por debajo del máximo que alcanzó en enero de 2010. Este es, sin duda, otro “logro“ de las políticas de austeridad que comenzaron aplicarse en mayo de ese año. 

Por todo ello, y a pesar de la aparente bonanza de las cifras brutas de paro y afiliación, desde UGT mostramos nuestra preocupación por el indudable aumento de la precariedad laboral, la reducción de la cobertura del sistema de prestaciones y el agravamiento de las situaciones de desigualdad y exclusión sociales que han generado la crisis y las erróneas políticas aplicadas desde 2010, y con especial agresividad desde 2012 por el gobierno del PP. Por todo ello, desde UGT reclamamos la puesta en marcha de tres vías de actuación imprescindibles en materia laboral, para dotar de coherencia al cambio de modelo productivo que requiere nuestro país: 

• primero, la reversión de la reforma laboral de 2012 y de sus sucesivas vueltas de tuerca, que han instaurado el reino de la precariedad en las relaciones laborales, un marco incompatible con un crecimiento sólido, equilibrado y sostenible, que apuesta por una trasnochada, insostenible y empobrecedora competitividad basada en bajos costes laborales; 
  
  
• segundo, el fortalecimiento del sistema de prestaciones por desempleo, que el gobierno del PP ha recortado, y que ha demostrado su insuficiencia para soportar crisis de larga duración como la que atravesamos, incorporando simultáneamente una prestación de ingresos mínimos para garantizar un suelo de rentas de subsistencia, tal y como hemos planteado UGT y CCOO a través de una Iniciativa Legislativa Popular; 
  
  
• y tercero, la reforma del sistema de políticas activas de empleo, que en la actualidad se basa esencialmente en un sinfín de ineficaces subvenciones a la contratación, pasando a un modelo que ponga el acento en la formación, orientación e intermediación laborales, con un Servicio Público de Empleo reforzado financiera, humana y tecnológicamente, como institución central y garante del sistema, y con la puesta en marcha de un Plan de Lucha contra el Paro de Larga Duración para atacar de manera decidida el que conforma nuestro mayor desequilibrio como país, el paro más estructural, que afecta a más de tres millones de personas. 
  

Por la autocomplacencia de que hacen gala los miembros del Gobierno en materia de empleo, es evidente que ya han entrado en campaña electoral. Sin embargo, deberían tener en cuenta que millones de ciudadanos aún no han salido de la campaña de supervivencia en que les sumió la crisis y que profundizaron los recortes que llevaron a cabo.