La Ley 21/2022, de 19 de octubre, de creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto no incluyó en su texto una exención fiscal en el IRPF, como la que gozan otros muchos colectivos, a pesar de ser una de las reclamaciones formuladas por la Federación Estatal de Asociaciones de Víctimas del Amianto (FEDAVICA), CCOO y UGT durante su tramitación. Esta discriminación solo se ha solucionado en Euskadi y Navarra gracias a que sus Haciendas Forales se han hecho eco de nuestra reivindicación y han aprobado dicha exención para sus territorios. 

El próximo 9 de septiembre se votará en el Senado una enmienda presentada por el PNV al proyecto de Ley que modifica la legislación de discapacidad que propone extender esta exención al conjunto del Estado. Desde nuestras organizaciones pedimos al conjunto de los grupos parlamentarios de la Cámara Alta el apoyo a la iniciativa del PNV para acabar de una vez por todas con esta injusticia, y en especial a los Grupos que respaldan al actual Gobierno. 

La aprobación de la exención fiscal sería un primer indicador de interés por parte del Gobierno en solucionar el maltrato institucional que las víctimas del amianto vienen sufriendo. Como vienen denunciando nuestras organizaciones, tanto la Ley 21/2022 como, sobre todo, su Reglamento de desarrollo presentan graves deficiencias que no permiten al fondo de compensación cumplir con el objetivo de “evitar los largos procesos judiciales” fijado en la propia Ley. Buena prueba de ello son las escasísimas solicitudes de indemnización presentadas por las personas afectadas en el año que lleva en vigor el Fondo. 

Hasta tal punto ha llegado el incumplimiento de la Ley que, a fecha 4 de septiembre del 2026 tan solo 106 víctimas han sido resarcidas, a falta de dos semanas para cumplir un año desde que el pasado 18 de septiembre del 2025 entro en vigor el Reglamento de la Ley. 

El montante económico desembolsado hasta ahora alcanza la cifra de 6.344.794,76 euros, cifra que queda muy lejos de los 25 millones asignados anualmente por los PGE, siendo además el quinto año consecutivo que el dinero asignado quedará en las arcas del Estado. 

El retraso de años en la tramitación legislativa de la normativa del fondo de compensación, las escasas cuantías establecidas para las indemnizaciones, restringir la posibilidad de presentar las solicitudes exclusivamente a las personas que tengan ya reconocida una incapacidad permanente por contingencia profesional o la ya citada falta de exención fiscal han contribuido a desanimar a las víctimas en optar por este recurso, extendiendo una sensación de abandono entre el colectivo y a convertir en ineficaz un dispositivo que se creó para compensar a una parte de la ciudadanía que vio afectada sus vidas por el retraso del Estado español en prohibir el uso de una sustancia cancerígena a pesar de la existencia de una evidencia científica sólida sobre sus efectos nocivos para la salud y que exigía su erradicación.

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