En el día de hoy se ha mantenido una reunión entre el Gobierno y los agentes sociales al más alto nivel, con la presencia de las tres vicepresidencias del Gobierno; de los ministros de Hacienda y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones —que ejerce asimismo como ministra portavoz—. Por parte de los interlocutores sociales han participado el presidente de CEOE, la presidenta de CEPYME, así como los secretarios generales de UGT y CCOO.

La reunión ha servido para valorar el impacto del paquete anticrisis aprobado mediante el Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, sobre la economía, el empleo y la situación social de nuestro país, así como para analizar qué medidas deben mantenerse o adaptarse más allá del próximo 30 de junio, fecha prevista para la finalización de su vigencia.

Las organizaciones sindicales valoramos positivamente que la economía española haya mostrado una importante capacidad de resistencia frente a la crisis en Oriente Medio y que los precios de los combustibles fósiles y de la energía hayan podido contenerse gracias al avance de nuestro modelo energético hacia las energías renovables y la electrificación, así como por las medidas de contención de precios incluidas en el paquete aprobado por el Congreso de los Diputados.

No obstante, mantenemos nuestra preocupación por la capacidad de abastecimiento de determinados combustibles estratégicos, como el gas o el queroseno, este último con un impacto especialmente relevante sobre el transporte aéreo y, por tanto, sobre sectores clave como el turismo.

Asimismo, valoramos que el ritmo de crecimiento del empleo haya mantenido la senda positiva de los últimos años. Sin embargo, ponemos el acento en la pérdida de poder adquisitivo que viene sufriendo una parte importante de las personas trabajadoras como consecuencia del incremento de la inflación, especialmente en productos básicos y en el acceso a la vivienda. El IPC alcanzó el 3,2% en el mes de abril, situándose un punto por encima de las previsiones realizadas a comienzos de año.

Aunque las últimas noticias apuntan a una posible desescalada gradual del conflicto bélico, entendemos que el contexto internacional seguirá marcado por una elevada incertidumbre durante los próximos meses, incluso en el supuesto de que la crisis pudiera encauzarse en las próximas semanas.

Ante esta situación, las organizaciones sindicales consideramos necesario mantener más allá del 30 de junio el paquete de medidas que ha demostrado ser eficaz, especialmente aquellas destinadas a proteger la renta de las personas trabajadoras y de los sectores más afectados por el incremento del precio de los combustibles y de la energía.

En línea con las propuestas formuladas ya en el mes de marzo, UGT y CCOO planteamos la aprobación de una ayuda de 300 euros, mediante transferencia directa o deducción fiscal en el IRPF, dirigida a las personas con ingresos inferiores al salario medio del país.

Asimismo, los sindicatos reclamamos un paquete extraordinario de medidas para proteger el mercado de la vivienda y garantizar el acceso a la misma a las personas trabajadoras, especialmente en las zonas más tensionadas por el turismo y la especulación inmobiliaria. Las organizaciones sindicales mostramos además nuestra preocupación por las crecientes dificultades de acceso a la vivienda en estos territorios, una situación que ya está comenzando a traducirse en problemas para cubrir puestos de trabajo de cara a la próxima temporada turística y que afecta igualmente al acceso y cobertura de plazas dentro de la propia función pública.

Entre estas medidas, defendemos la limitación de los precios de los alquileres y la congelación de las actualizaciones de renta, en línea con las medidas contempladas en el Real Decreto-ley 8/2026, de 20 de marzo, de medidas en el alquiler en respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Irán, cuya convalidación fue rechazada posteriormente por el Congreso de los Diputados.

Por último, las organizaciones sindicales manifestamos que el Salario Mínimo Interprofesional debe mantener plenamente el poder adquisitivo de las personas trabajadoras. Dado que la subida aprobada para 2026 fue del 3,1% y que la inflación se sitúa ya en el 3,2% según los datos conocidos del mes de abril, consideramos necesario estudiar la aplicación de la revisión semestral prevista en el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores.

El citado precepto establece expresamente que el Gobierno fijará el SMI teniendo en cuenta, entre otros factores, el índice de precios de consumo, la productividad media nacional, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica general, disponiendo además que “igualmente se fijará una revisión semestral para el caso de que no se cumplan las previsiones sobre el índice de precios citado”.

En consecuencia, reclamamos la apertura inmediata de este debate, así como la aprobación urgente del real decreto que debe regular las nuevas reglas de compensación y absorción salarial, con el objetivo de evitar que las personas perceptoras del SMI continúen perdiendo capacidad adquisitiva como consecuencia de prácticas que neutralizan las subidas salariales aprobadas.

Consulta aquí el comunicado completo.