En el Pleno del Congreso de los Diputados se ha votado la reforma de la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia (LAPAD), y con ella su remisión al Senado, para continuar su tramitación parlamentaria.

Si bien los dos sindicatos valoramos positivamente los más de 2.200 millones de euros inyectados por el Real Decreto-ley 17/2026, y que supone una financiación extraordinaria sin precedentes en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) que por primera vez sitúa al Estado central en el cumplimiento del compromiso de aportar el 50% del total de financiación, advertimos que el éxito de la inversión se medirá en la reducción de listas de espera y la dignificación laboral del sector.

Esta decisión política, que responde a una reivindicación histórica de las organizaciones sindicales para reforzar el Estado del Bienestar, debe consolidarse para que deje de depender de medidas excepcionales y se convierta en un compromiso presupuestario estable y previsible y se garantice que se destine a la plena cobertura de las personas en situación de dependencia preferentemente mediante servicios profesionales de calidad prestados por profesionales con empleos igualmente de calidad.

Tanto UGT como CCOO consideramos que este texto normativo que acaba de aprobarse por el pleno del Congreso de los Diputados, debe reforzar y apostar por la profesionalización de los cuidados, tal y como establece la propia LAPAD de 2006, en su principio rector contenido en el artículo 18, donde ya establecía que la atención profesional a través de servicios públicos es la vía prioritaria del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), y la prestación económica para cuidados familiares debe de tener un carácter excepcional, reservada para los casos en que no es posible el acceso a un servicio profesional. 

Esa excepcionalidad de las prestaciones económicas no es tan solo un mero matiz técnico, sino una garantía normativa para que el cuidado en el entorno familiar, que abrumadoramente está siendo desempeñado por mujeres, no sustituya el necesario despliegue de la red pública de servicios profesionales, que después de veinte años debería estar implantado y afianzado en todo el territorio de nuestro país, de forma que ofrezca una respuesta adecuada y suficiente a todas las personas en situación de dependencia y a sus familias; y de una forma inmediata.

Desde ambos sindicatos entendemos y compartimos la necesidad de dar respuesta a las distintas realidades familiares, pero no se debe normalizar el cuidado no profesional como opción equivalente al servicio profesional, en lugar de mantenerlo como recurso subsidiario y excepcional, ya que es justo lo contrario a lo que realmente debería ser este sistema de protección social y lo que necesita: más empleo profesional, más cualificado y mejor remunerado.

Además, perpetua la feminización y la invisibilización del trabajo de cuidados, manteniendo fuera del mercado laboral formal a miles de mujeres cuidadoras sin carrera de cotización plena ni derechos que conlleva, de cara a reconocimiento de derechos como el acceso a su futura jubilación.

En nuestro país, existe un déficit de profesionales en el ámbito de los cuidados de larga duración, pero convertir el cuidado familiar en la puerta de entrada al sistema que ya protege al 44,7% del total de personas atendidas, sin asegurar una atención a través de servicios profesionales, no hará, sino agravar la situación del sector de los servicios profesionales al tiempo que compromete la calidad de la atención, cronifica la precariedad laboral y frena la profesionalización del sector de los cuidados.
Por ello, consideramos que se debe reforzar la creación de empleo profesional de calidad, y este es el momento idóneo, justo cuando la propia reforma incorpora la apuesta por la calidad en el empleo de los cuidados; debiendo reforzarse las medidas orientadas a la garantía de calidad en la atención tanto de los nuevos servicios creados en la reforma como de los tradicionales del catálogo original, así como vincularse cualquier ampliación de la financiación estatal a la creación de empleo profesional verificable, en línea con la exigencia de que el 50% de aportación estatal fijado en el Real Decreto-ley 17/2026 y se traduzca en refuerzo de plantillas y reducción de listas de espera, y no en gasto sustitutivo de servicios. 
Al mismo tiempo, el incremento de financiación del Estado es una oportunidad para reequilibrar la prestación de servicios públicos en atención a la situación de dependencia, hoy claramente minoritarios en la provisión de este servicio público básico y de importancia y demanda creciente.

Tanto desde UGT como CCOO, reiteramos la necesidad del diálogo social y su compromiso histórico con el fortalecimiento del SAAD, y recordamos que los cuidados no pueden seguir sosteniéndose sobre el trabajo invisible de las familias, y sobre todo de las mujeres, mientras se demora la construcción de un sector profesional robusto, estable y de calidad.

Por último, ambos sindicatos llamamos al conjunto de grupos parlamentarios a que garanticen la reversión de los recortes que en materia de copago siguen vigentes desde el año 2012, así como a establecer en la Ley la obligación de que exista un marco común que regule el copago para todas las personas beneficiarias, acordado por todas las comunidades autónomas y el gobierno de la nación en el seno del Consejo Territorial del SAAD.