Los datos del IPC correspondientes al mes de agosto, publicados hoy por el INE, sitúan la inflación anual en el 4,3%, siete décimas por encima de la registrada en julio, tal y como ya anticipó el indicador adelantado. Se trata de la tasa más alta desde febrero de 2023 (cuando alcanzó el 6%), colocando nuevamente la evolución de precios en un escenario de especial preocupación. Además, la subida mensual de siete décimas supone la mayor variación para un mes de agosto desde 1992. 

La intensidad de este repunte se debe, principalmente, a factores energéticos. El fracaso de la tregua de paz y el nuevo cierre del estrecho de Ormuz han vuelto a presionar al alza los precios de la energía, especialmente de los carburantes, de modo que el barril de Brent ya supera la barrera de los cien dólares. Ello, unido a la retirada progresiva de los descuentos fiscales en carburantes –recuperados parcialmente en septiembre en el caso del diésel- ha provocado un fuerte aumento del precio de los carburantes y combustibles para automóviles, que experimentan una subida anual del 21,3%, frente al abaratamiento del 2,9% registrado un año atrás. 

La inflación subyacente, que excluye los componentes energéticos y los alimentos no elaborados, dibuja una trayectoria diferente. Este mes se reduce una décima, hasta el 2,9%, manteniéndose en el entorno del 3% observado durante el último medio año, con tasas que han oscilado entre el 2,8% y el 3%. La divergencia observada respecto a la inflación general indica que el repunte de los precios energéticos y, por ende, de buena parte de los costes de producción, no se está trasladando plenamente a los precios finales del conjunto de bienes y servicios. Un comportamiento que podría cambiar de prolongarse en el tiempo las presiones energéticas.

En este contexto, el Banco Central Europeo (BCE) ha optado por endurecer su política monetaria y ha vuelto a subir los tipos de interés. En concreto, los ha incrementado en 25 puntos básicos, situando el tipo de referencia, la facilidad de depósito, en el 2,5%. Se trata de la segunda subida en los últimos tres meses, tras la realizada en junio. 

El BCE equivoca su estrategia, como ya sucediera en etapas inflacionistas pasadas, por dos motivos. En primer lugar, porque penaliza gravemente la actividad económica y el empleo, agravando la situación de estancamiento económico que viven la mayoría de economías de la Zona Euro, si bien España mantiene un comportamiento diferencialmente positivo.  En segundo lugar, porque no resulta una medida eficaz, en tanto combatir la subida de precios por esta vía no ataca el origen del problema –la inestabilidad en Oriente Medio y su impacto en los mercados energéticos- ni aborda los problemas que subyacen de fondo, como la dependencia del petróleo y la falta de alternativas energéticas propias. En nuestro caso, es preciso aumentar la capacidad productora en energías renovables, aprovechando la ventaja comparativa y el posicionamiento geoestratégico español. 

La subida de tipos, además, vuelve a presionar al alza el Euríbor, indicador de referencia para casi 4 millones de hogares españoles con hipotecas variables. Esto añade más presión sobre la renta de muchas familias, que ya de por sí tienen que hacer frente a una factura energética elevada. No hay que olvidar que el precio de la vivienda sigue encareciéndose de forma sostenida, encadenando (según el indicador de precios del INE) cuarenta y cinco trimestres consecutivos de subidas, con tasas de incremento superiores al 10% en los últimos siete. Así, el acceso a una vivienda en condiciones dignas resulta, cada vez más, una tarea imposible, lo cual exige la aplicación de las medidas y políticas necesarias para limitar su precio e incrementar la oferta pública de viviendas.

Por otro lado, el intenso repunte de los precios hace más acuciante, si cabe, la implementación de una estrategia que proteja el poder adquisitivo de las personas trabajadoras. La subida salarial media se mantiene por debajo de la inflación por sexto mes consecutivo, lo que implica un recorte del poder de compra de una parte importante de la población trabajadora. En este contexto, es esencial abrir cuanto antes la mesa de negociación del VI AENC para acordar sendas anuales de crecimiento salarial acordes con la evolución de los precios. Además, debemos reforzar y normalizar en la negociación colectiva la incorporación de cláusulas de garantía salarial, claves para hacer frente a posibles desviaciones de la inflación respecto a los incrementos salariales pactados, especialmente en un contexto como el actual, en el que las previsiones de inflación se están revisando al alza.

Del mismo modo, la evolución de los precios hace inaplazable una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Ante una inflación que ya supera holgadamente el incremento del 3,1% fijado para 2026, UGT reclama la convocatoria inmediata de la mesa de diálogo social para aplicar la revisión prevista en el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores y evitar una nueva pérdida de poder adquisitivo entre quienes perciben los salarios más bajos.

Por todo ello, UGT reclama la protección de los salarios y de su poder adquisitivo a través de una negociación colectiva fuerte, y exige la apertura inmediata de la mesa del VI AENC para fijar las directrices que permitan proteger los salarios frente a los peligros derivados de la inflación. Asimismo, resulta imprescindible que, a través de políticas públicas eficaces, se proteja el poder adquisitivo de las personas trabajadoras.