Los datos adelantados del IPC correspondientes al mes de agosto, publicados hoy por el INE, sitúan la inflación anual en el 4,3%, siete décimas por encima de la registrada en julio. De este modo, la tasa de inflación alcanza su nivel más elevado desde febrero de 2023, cuando se situó en el 6%, en uno de los momentos de mayor intensidad de la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania. Así, se trata de un dato muy preocupante, que viene determinado por el encarecimiento de los productos energéticos, especialmente por la evolución de los carburantes.

Por su parte, la tasa de inflación subyacente, que excluye los componentes más volátiles y constituye un mejor indicador de la evolución estructural de los precios, disminuye una décima, hasta el 2,9%. Este comportamiento confirma la tendencia observada en los últimos meses, en los que el repunte de la inflación general ha venido acompañado de una evolución más moderada de la tasa subyacente, lo cual pone de manifiesto que, hasta ahora, no se están produciendo efectos de segunda ronda significativos sobre el resto de bienes y servicios que componen la cesta de la compra.

El repunte del precio de los carburantes, determinado por el mantenimiento de la guerra en Oriente Medio, también se explica por el efecto de la retirada progresiva de las medidas fiscales aplicadas. La reducción de estas bonificaciones desde el mes de julio ha contribuido a incrementar el precio del diésel y la gasolina, reforzando la presión de los productos energéticos sobre la inflación. En este contexto, el Gobierno ha anunciado nuevas medidas fiscales sobre los carburantes a partir del próximo 1 de septiembre, con una reducción de 20 céntimos por litro en el caso del diésel y de 5 céntimos en el de la gasolina.

Tampoco deja de ser especialmente preocupante la evolución del precio de la electricidad, cuya factura apunta a registrar en agosto un incremento superior al 20% respecto al mismo mes del año anterior, como consecuencia del incremento de su demanda por las altas temperaturas y el encarecimiento del gas natural. En este sentido, la reducción del IVA de la electricidad al 10% constituye una medida necesaria para contener el impacto de la subida de los precios energéticos sobre los hogares, aunque se deben estudiar medidas adicionales en caso de resultar insuficiente. Esta situación se suma al fuerte incremento de los precios de la vivienda, que continúa dificultando su acceso y mantenimiento en condiciones dignas, comprometiendo cada vez más la capacidad económica de los hogares.

Mientras tanto, el crecimiento sostenido de los precios por encima del 3% -este mes, incluso, superando la barrera del 4%- está ampliando la brecha respecto a la evolución de los salarios en convenio. Por sexto mes consecutivo, la inflación general se sitúa por encima del incremento salarial medio en convenio, que alcanza el 3,02%, lo que evidencia una presión creciente sobre el poder adquisitivo de la población trabajadora. Esta brecha afecta además a una parte significativa de las personas trabajadoras: solo el 29,2% de quienes están cubiertos por un convenio presentan incrementos salariales superiores al 3%, si bien los incrementos pactados en los convenios firmados este año recogen una subida del 3,87%, en línea con la petición de los sindicatos para este 2026 en su plataforma para la negociación del próximo AENC.

En este sentido, la negociación del VI AENC debe abordarse con carácter inmediato, con el objetivo de garantizar una evolución de los salarios que permita preservar el poder adquisitivo de las personas trabajadoras y contribuir a reducir las brechas salariales entre los distintos sectores productivos. Para ello, UGT plantea un incremento salarial mínimo del 4% anual durante el periodo 2026-2028, al que deberán sumarse aumentos adicionales del 1%, 2% o 3% en función de la diferencia existente entre el salario medio del convenio y el salario medio del conjunto del país.

Asimismo, resulta imprescindible incorporar mecanismos eficaces de protección del poder adquisitivo, como las cláusulas de garantía salarial, que permiten hacer frente a posibles desviaciones de la inflación, especialmente en un contexto marcado por una elevada incertidumbre geopolítica, que sigue favoreciendo una evolución volátil y alcista de los precios a corto y medio plazo. Así, la recuperación salarial no puede seguir aplazándose: si no se producen avances reales en esta materia, la pérdida de poder adquisitivo acumulada condicionará de forma inevitable la próxima negociación colectiva y elevará la conflictividad.

Del mismo modo, la evolución de los precios hace inaplazable una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional, especialmente para proteger a las personas trabajadoras con menores ingresos frente al encarecimiento de los bienes y servicios esenciales y de la vivienda. Con una inflación que sobrepasa el incremento del 3,1% pactado para 2026, debe aplicarse la cláusula prevista en el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, que permite revisar el SMI cada seis meses cuando la evolución de los precios se desvía de las previsiones. UGT reclama, por ello, la convocatoria inmediata de la mesa de diálogo social para la adaptación del SMI, evitando que quienes tienen los salarios más bajos vuelvan a perder poder adquisitivo. La ley contempla esta revisión y no hay ninguna razón para retrasar una decisión que resulta necesaria para proteger las condiciones de vida de las personas trabajadoras.