Los datos adelantados del IPC correspondientes al mes de junio, publicados hoy por el INE, sitúan la inflación anual en el 3,2%, la misma tasa que el mes pasado, a pesar del alza en el precio de la electricidad y el gas. No obstante, la evolución de los precios continúa condicionada por la incertidumbre existente en los mercados energéticos internacionales, ligada a la persistencia de factores de riesgo geopolítico en Oriente Medio.

Por su parte, la inflación subyacente, que excluye los componentes más volátiles y constituye un mejor indicador de la evolución estructural de los precios, disminuye una décima, hasta el 2,9%. Esta moderación refleja que las presiones inflacionistas subyacentes continúan contenidas, si bien resulta necesario seguir vigilando la evolución de los precios para evitar que los actuales focos de incertidumbre den lugar a nuevas tensiones inflacionistas.

La estabilidad de la inflación en junio se produce, además, en un contexto en el que algunas de las medidas fiscales que habían contribuido a amortiguar el encarecimiento de la energía habían dejado de estar vigentes (como la rebaja de los impuestos a la luz y el gas), mientras que otras caducaban en el día de mañana (como la rebaja de los impuestos a combustibles y otros productos energéticos). En este sentido, UGT apoya la prórroga de parte de estas medidas por parte del Gobierno, en tanto contribuirá a reforzar la protección de los hogares más vulnerables en un contexto en el que persisten riesgos asociados a la volatilidad de los precios de la energía.

En este contexto, la negociación colectiva sigue desempeñando un papel fundamental en la protección del poder adquisitivo de las personas trabajadoras. Los convenios colectivos con efectos económicos en 2026 registran hasta mayo un incremento salarial medio del 3%, porcentaje que se eleva hasta el 4% en los convenios firmados durante este año, situándose por encima de la inflación media acumulada hasta mayo (2,9%). 

Estos datos muestran que la negociación colectiva está permitiendo que el crecimiento económico se traslade a los salarios de forma compatible con la estabilidad económica y la preservación del poder adquisitivo. En este sentido, el aumento de los salarios y los avances en derechos laborales y protección social alcanzados en los últimos años no solo no han frenado el crecimiento y la creación de empleo, sino que han contribuido a reforzarlos, favoreciendo un desarrollo económico más sólido e inclusivo.

Asimismo, UGT defiende que el próximo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) incorpore una referencia mínima de incremento salarial del 4% anual para el periodo 2026-2028. A ello debería sumarse un incremento adicional del 1%, 2% o 3%, en función de la diferencia existente entre el salario medio del convenio y el salario medio del país, con el objetivo de acelerar la convergencia salarial en aquellos sectores con mayores desfases retributivos. También resulta imprescindible garantizar la efectividad de los incrementos pactados, evitando el recurso a cláusulas de absorción y compensación que limiten su impacto real sobre los salarios. 

Además de impulsar el crecimiento salarial para sostener las rentas de la población trabajadora, resulta esencial incrementar la cobertura de las cláusulas de garantía salarial, que constituyen la herramienta más eficaz para garantizar el poder adquisitivo de las personas trabajadoras y evitar que los costes de la crisis recaigan sobre quienes dependen exclusivamente de su salario. Actualmente, estas cláusulas protegen a un 40% de las personas trabajadoras con convenio, lejos aún, a pesar de los avances,  de los niveles alcanzados años atrás.

Por otro lado, cabe señalar cómo una parte creciente de las mejoras salariales queda neutralizada por el encarecimiento de la vivienda, tanto en compra como en alquiler, lo que reduce el impacto real de las subidas salariales sobre las condiciones de vida de la población trabajadora. Esta situación afecta con especial intensidad a la población joven y dificulta sus posibilidades de emancipación, por lo que UGT reclama la aplicación efectiva de la regulación en zonas tensionadas y el impulso de un parque público de vivienda asequible que garantice este derecho básico.

Por último, es necesario continuar reforzando el poder adquisitivo de las personas trabajadoras con menores ingresos mediante nuevas subidas del Salario Mínimo Interprofesional. La evolución reciente de los precios pone de manifiesto la conveniencia de revisar periódicamente su suficiencia para garantizar que quienes perciben las rentas más bajas no pierdan capacidad adquisitiva. En un contexto de inflación moderada, pero todavía sujeto a incertidumbres, el fortalecimiento de los salarios y del SMI debe seguir siendo una prioridad para avanzar hacia una distribución más equilibrada de la renta y una mejora efectiva de las condiciones de vida de la población trabajadora.