El Comité Económico y Social Europeo (CESE) ha aprobado sus recomendaciones a la Comisión Europea sobre el futuro de las pensiones complementarias, subrayando que su desarrollo no debe debilitar los sistemas públicos, que son la principal garantía de ingresos adecuados y cohesión social.

La adopción del dictamen estuvo acompañada de un debate con María Luísa Albuquerque, comisaria europea de Servicios Financieros y de la Unión de Ahorro e Inversión; Elma Saiz, ministra española de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; y Damian Boeselager, eurodiputado y ponente del Parlamento Europeo.

Mari Carmen Barrera, secretaria de Políticas Europeas de UGT y ponente del dictamen, defendió durante el debate que el objetivo fundamental que debe guiar todo el paquete legislativo sobre pensiones es garantizar que todos los ciudadanos de la Unión Europea puedan jubilarse con dignidad, con seguridad y con unos ingresos adecuados; es un pilar esencial de nuestra cohesión social, de nuestra estabilidad económica y, en última instancia, de la confianza de la ciudadanía en el proyecto europeo. La jubilación digna no es un lujo ni una aspiración abstracta: es un derecho social básico que define la calidad de nuestras democracias.

Por eso, la existencia de pensiones complementarias no puede servir de justificación, ni directa ni indirecta, para debilitar las pensiones públicas, especialmente en lo que respecta a su adecuación. El pilar público sigue siendo el corazón del contrato social europeo, y cualquier reforma debe partir de esta premisa. Por ello, el dictamen defiende un enfoque global que combine la mejora del mercado laboral y que refuerce las pensiones públicas. Para ello son necesarias medidas que mejoren la transparencia, la accesibilidad y el funcionamiento de las pensiones privadas.

Entre sus recomendaciones, el CESE apuesta por reforzar la protección de las personas partícipes mediante mayor claridad normativa, mejor información y asesoramiento, supervisión europea más sólida y educación financiera. Asimismo, advierte de que cualquier estrategia orientada a incrementar la rentabilidad de las inversiones debe preservar la seguridad del ahorro destinado a la jubilación.

El dictamen incorpora además la propuesta de crear un comité europeo de seguimiento sobre pensiones, con participación de Estados miembros, agentes sociales, sociedad civil y autoridades, para evaluar el impacto de las reformas sobre la adecuación de las pensiones, la sostenibilidad de los sistemas y la reducción de la pobreza y la desigualdad.

En este sentido, es imprescindible que el refuerzo de los sistemas complementarios vaya acompañado de medidas que garanticen el mantenimiento y fortalecimiento de los sistemas públicos. Y aquí el papel de los agentes sociales es insustituible. La gobernanza participativa, la negociación colectiva y el diálogo social no son elementos decorativos: son mecanismos esenciales para garantizar la legitimidad, la sostenibilidad y la eficacia de cualquier reforma. Sin ellos, cualquier arquitectura normativa quedaría incompleta. 

El dictamen alerta sobre las desigualdades existentes en las pensiones complementarias, especialmente la brecha de género, que en los sistemas privados puede alcanzar hasta el 40 %, y reclama medidas sociales específicas de acompañamiento por los Estados Miembros para reducirla progresivamente.