Los datos del IPC correspondientes al mes de julio, publicados hoy por el INE, sitúan la inflación anual en el 3,6%, cuatro décimas por encima de la registrada en junio, alcanzando el nivel más elevado desde mayo de 2024. El shock energético derivado de la guerra en Irán sigue encareciendo la electricidad y los combustibles, cuyo precio sube más que el pasado año, repuntando este mes un 3,4% y 5,9%, respectivamente. 

Por su parte, la tasa de inflación subyacente, que excluye los componentes más volátiles y constituye un mejor indicador de la evolución estructural de los precios, aumenta una décima, hasta el 3%. Si bien se mantiene en niveles aún elevados, este repunte no evidencia, por el momento, un traslado significativo del shock energético al resto de la cesta de la compra ni la aparición de efectos de segunda ronda generalizados.

Entre los incrementos anuales más destacados durante este mes, cabe resaltar los combustibles líquidos (31,5%), el servicio de recogida de basuras (22,7%), el gasóleo (15,7%) o los huevos (13,4%). En sentido contrario, el café (-3,2%), las prendas de vestir (-3%) o el transporte de pasajeros por vía aérea (-6,1%) registran los descensos de precios más señalados.

Este repunte se produce, además, en un contexto en el que todavía se mantienen parcialmente algunas medidas fiscales destinadas a contener el impacto del encarecimiento energético, por lo que la evolución observada de los precios está siendo parcialmente amortiguada. De persistir las tensiones geopolíticas en Oriente Próximo, y ante una eventual retirada de estas medidas, los precios podrían alcanzar niveles todavía más elevados.

Así, el volátil e incierto panorama geopolítico y la presión que ejerce sobre el nivel general de precios están poniendo en jaque el mantenimiento del poder de compra de los salarios. En este sentido, por quinto mes consecutivo, la inflación general se sitúa por encima del incremento salarial medio en convenio (3,02% hasta julio), si bien los incrementos pactados en los convenios firmados este año recogen una subida mayor, del 3,76%, en línea con la petición de los sindicatos para este 2026 en su plataforma para la negociación del próximo AENC.

En este escenario, resulta prioritario acometer la negociación del VI AENC, que debe servir para blindar el poder adquisitivo de la población trabajadora y avanzar en la reducción de las brechas salariales existentes entre sectores productivos. UGT defiende que el acuerdo incorpore una referencia mínima de incremento salarial del 4% anual para el periodo 2026-2028, complementada con aumentos adicionales de un 1%, 2% o 3% en función de la diferencia existente entre el salario medio del convenio y el salario medio del país. 

Resulta imprescindible incrementar los salarios e introducir medidas efectivas, como las cláusulas de garantía salarial, que mitiguen el efecto de la inflación sobre las retribuciones y protejan la cesta de la compra de las personas trabajadoras. De no hacerlo, se producirán grandes tensiones en la próxima negociación colectiva.

Asimismo, resulta primordial evitar el recurso a las cláusulas de absorción y compensación, una práctica empresarial que neutraliza, en la práctica, las subidas pactadas, privando a la clase trabajadora de mejoras reales y efectivas en su nivel de ingresos. Del mismo modo, es imprescindible extender la inclusión de cláusulas de garantía salarial en la negociación colectiva, en tanto estas cláusulas constituyen el instrumento más eficaz para garantizar el poder adquisitivo de la clase trabajadora ante desviaciones imprevistas de los precios.

Estas reivindicaciones salariales se vuelven aún más acuciantes ante la insostenible escalada del precio de la vivienda, especialmente en las grandes áreas urbanas. Según el INE, el precio de la vivienda se disparó un 12,9% en el primer trimestre del año y encadena ya seis trimestres consecutivos con incrementos de doble dígito. Ante este grave problema social, no basta con promesas a medio y largo plazo para ampliar el parque público: exigimos la intervención inmediata del mercado mediante la aplicación efectiva del tope a los alquileres en zonas tensionadas y medidas contundentes para poner coto a la especulación en torno a un bien imprescindible para poder desarrollar una vida en condiciones dignas.

Del mismo modo, es necesario seguir reforzando las rentas de las personas trabajadoras con menores ingresos mediante nuevas subidas del Salario Mínimo Interprofesional, que debe continuar actualizándose para preservar su capacidad adquisitiva frente a una inflación condicionada por factores externos y al intenso encarecimiento de la vivienda, reduciendo así la desigualdad y sosteniendo la demanda interna. Teniendo en cuenta la inflación ya conocida y la subida del 3,1% pactada para 2026, debe operar la cláusula prevista en el art. 27 ET, que permite revisar el SMI cada seis meses cuando falla la previsión del IPC. Por ello, UGT reclama la convocatoria inmediata de la mesa del diálogo social para adaptar el Salario Mínimo Interprofesional a esta nueva situación: la ley lo prevé y las personas trabajadoras no pueden esperar.