Durante el primer semestre del año, 358 personas trabajadoras han fallecido mientras intentaban ganarse la vida. La siniestralidad laboral debe adquirir una mayor visibilidad y abordarse de forma decidida, eficaz e inmediata. Estas cifras resultan inaceptables. Cada año, centenares de personas fallecen y miles sufren lesiones en accidentes de trabajo sin que empresas y administraciones públicas adopten medidas suficientes para revertir esta situación.

Hasta junio del presente año se han registrado 303.853 accidentes de trabajo con baja laboral, lo que supone un incremento del 1,8 % respecto al mismo periodo del año anterior. Estos datos ponen de manifiesto la gravedad de la situación y evidencian un problema que no puede normalizarse en una sociedad como la nuestra.

Los golpes contra objetos y los sobreesfuerzos físicos continúan siendo las principales causas de los accidentes de trabajo con baja durante la jornada laboral, con 74.315 y 68.172 casos, respectivamente. Por su parte, los infartos y derrames cerebrales, así como las caídas de personas trabajadoras, siguen siendo las principales causas de fallecimiento durante la jornada laboral, con 119 y 51 casos, respectivamente.

Estas causas se repiten de forma reiterada a lo largo del tiempo sin que se les dé una respuesta eficaz. Por ello, resulta esencial que las empresas cumplan con la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales y que se refuercen sus obligaciones preventivas. La persistencia de estos accidentes evidencia que la gestión preventiva en las empresas debe mejorar para garantizar una protección efectiva de la seguridad y la salud de las personas trabajadoras.

Ante estos datos, la aprobación de la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales resulta necesaria y urgente. El anteproyecto de ley firmado por el Gobierno, UGT y CCOO, y avalado por el Consejo Económico y Social en su dictamen sobre la norma del pasado 27 de julio, refuerza la obligación de gestionar los riesgos psicosociales, adapta la normativa a los riesgos derivados de las transiciones climática, demográfica y digital, incorpora la perspectiva de género en la gestión preventiva y crea la figura del agente territorial para apoyar a las pymes en el desarrollo de una cultura preventiva eficaz.

La creación de esta nueva figura contribuiría a mejorar la gestión de la prevención de riesgos laborales en aquellas pequeñas y medianas empresas que carecen de representación sindical. Precisamente, las pymes son las que mayores dificultades presentan para gestionar adecuadamente sus riesgos laborales, por lo que la intervención del agente territorial en empresas de menos de diez personas trabajadoras supondría un importante avance en la protección de la salud laboral.

Asimismo, ante las altas temperaturas registradas durante el periodo estival, se recuerda la importancia de negociar protocolos específicos para los trabajos con exposición al calor. Estos protocolos deben contemplar medidas adaptadas al nivel de riesgo, entre ellas la reorganización de tareas y horarios, la realización de pausas, la hidratación continua, la instalación de zonas de sombra y el uso de ropa de trabajo transpirable. En los trabajos al aire libre también resulta fundamental el uso de protección solar para la piel y de gafas de protección frente a la radiación ultravioleta.

Los accidentes relacionados con la exposición a altas temperaturas continúan infrarregistrándose, lo que incrementa el riesgo para las personas trabajadoras en un contexto en el que los episodios de calor extremo son cada vez más frecuentes e intensos. Por ello, resulta imprescindible implantar registros, protocolos y medidas preventivas claras en todos los centros de trabajo.

La actual Ley de Prevención de Riesgos Laborales no está cumpliendo plenamente su objetivo fundamental: proteger a las personas trabajadoras frente a los accidentes y las muertes en el trabajo. En 2025 fallecieron, de media, dos personas trabajadoras al día en accidente laboral. Además, cada día once personas sufrieron un accidente grave durante su jornada laboral y 1.753 personas trabajadoras causaron baja como consecuencia de un accidente de trabajo.

La actualización de la normativa debe responder a los riesgos del siglo XXI e incorporar de forma decidida la prevención de los riesgos digitales, climáticos y psicosociales. Muchos de estos riesgos terminan provocando bajas laborales que podrían haberse evitado mediante una evaluación adecuada y la implantación de las medidas preventivas necesarias.

La protección de la salud en el ámbito laboral debe constituir una obligación ineludible para empresas y administraciones públicas. Solo mediante un compromiso efectivo con la prevención será posible afrontar el deterioro de la salud laboral y garantizar entornos de trabajo seguros para todas las personas trabajadoras.