La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) ha presentado este miércoles sus alegaciones frente a las observaciones del Gobierno de España y ante el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), en el marco de la reclamación colectiva interpuesta por la vulneración del derecho a la vivienda reconocido en la Carta Social Europea Revisada.

En rueda de prensa ante los medios de comunicación, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha destacado que la vivienda “siempre ha sido una de las cuestiones prioritarias para la defensa de las personas trabajadoras”, tanto desde la perspectiva de las condiciones laborales como del bienestar de la ciudadanía.

En este sentido, ha recordado que las organizaciones sindicales ya advirtieron durante el pasado Primero de Mayo de que “no es posible que los convenios colectivos puedan absorber el aumento especulativo que se está produciendo en el sistema de vivienda de nuestro país”.

El dirigente sindical ha señalado que “cada día que pasa, la situación se agrava más” y ha criticado la derogación parlamentaria del real decreto-ley relativo a la prórroga de los alquileres, asegurando que “muchas personas no van a poder dormir bajo un techo” como consecuencia de esa decisión.

Pepe Álvarez: “Una persona necesita 52 años de salario para adquirir una vivienda en propiedad”

Por otro lado, durante su intervención Álvarez ha ilustrado la crisis de la vivienda con datos que evidencian la gravedad de la situación: “una persona necesita 52 años de salario neto para poder adquirir una vivienda en propiedad”, mientras que “el 14% de los jóvenes en nuestro país no puede emanciparse porque no tiene acceso a la vivienda”. Además, ha recordado que “en 2025 el aumento del salario fue del 3,6% y el aumento del precio de la vivienda del 12,9%”.

Por ello, Álvarez ha exigido que la vivienda sea reconocida como “un derecho reclamable a las administraciones competentes”, que tienen la obligación de garantizar una vivienda digna y asequible “de acuerdo con los parámetros que se sitúan en relación con el coste que una persona puede dedicar a la vivienda, entre el 25 y el 30% del salario”, ha explicado.

“El sindicato quiere indicar de manera clara que la vivienda es un bien público, de uso privado, pero un bien público”, ha afirmado el secretario general de UGT, quien también ha defendido que “nadie debería de poder acumular un número de viviendas irracional, como ocurre con los fondos buitre y fondos de inversión.”

Asimismo, ha reclamado una regulación más estricta de las viviendas turísticas y un necesario aumento del parque público de viviendas. En ese sentido, se ha referido a la patronal para que sea consciente de que la crisis habitacional también es un problema económico, puesto que “no va a ser posible que en las zonas tensionadas de nuestro país se puedan cubrir puestos de trabajo, si no somos capaces de disponer de un parque de vivienda digno.”

El derecho a la vivienda, entendido como un derecho exigible

Por su parte, el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, ha insistido en que el sindicato defiende “el derecho a la vivienda como un derecho exigible”, subrayando que “la diferencia entre ser un bien de mercado y un derecho exigible es esa: no se trata de una política económica, se trata del derecho a la vivienda”.

Luján ha señalado las cuestionas más importantes en relación a las alegaciones presentadas por UGT, que giran en torno a que “en España el derecho a la vivienda no se respeta”, especialmente para las personas trabajadoras con salarios más bajos y para la juventud, que en muchos casos deben destinar “más del 80% del salario” al acceso a una vivienda.

Además, ha señalado la resistencia de algunas comunidades autónomas a aplicar la Ley de Vivienda y ha lamentado que determinadas iniciativas para paliar la situación,  como el real decreto-ley sobre la prórroga de los alquileres, hayan sido rechazadas en el Parlamento español.

Finalmente, Fernando Luján ha explicado que UGT espera que el Comité Europeo de Derechos Sociales dicte una resolución favorable que permita incorporar plenamente la Carta Social Europea Revisada al ordenamiento jurídico español, y garantice el acceso efectivo a una vivienda digna para toda la ciudadanía.

Consulta el escrito de réplica de UGT.
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