Más de 25 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas UGT, pedimos consenso político urgente para aprobar medidas que protejan a las personas y empresas más vulnerables en los sectores del transporte por carretera y los edificios, ante el aumento del precio de los combustibles causado por la guerra regional entre Israel, EEUU e Irán.

España enfrenta esta crisis sin haber puesto en marcha el Plan Social para el Clima, para cuya aplicación está previsto destinar unos 9.000 millones de euros (75 % fondos europeos, 25 % propios) y cuya elaboración es una obligación establecida por el Reglamento (UE) 2023/955 por el que se aprueba el Fondo Social para el Clima (FSC). Este fondo europeo, dotado con 65.000 millones de euros para el periodo 2026-2032, busca minimizar el impacto del alza de precios de los combustibles en los hogares y empresas más vulnerables.

“Pedimos a todas las fuerzas políticas que alcancen rápidamente un consenso que permita la introducción, en el paquete anti crisis, de medidas de protección de los usuarios y microempresas vulnerables en el sector del transporte por carretera y en el de los edificios, coherentes con el reglamento del Fondo Social para el Clima, y para que se apruebe cuanto antes el Plan Social para el Clima”, señalamos desde las organizaciones, incluida UGT.

El FSC está pensado para financiar la renovación de viviendas, la adopción de tecnologías eficientes, energías renovables y promover el transporte y la movilidad sostenible. Sus inversiones incluyen: a) eficiencia energética y renovación de edificios; b) transporte con bajas o cero emisiones; y c) ayudas temporales directas a los ingresos de los hogares vulnerables.

Disponer de dicho plan ayudaría a reducir la dependencia de los combustibles fósiles de muchas personas y empresas vulnerables, lo que se traduciría en una mayor seguridad e independencia energética frente a incrementos de los precios como los que vivimos actualmente derivados de la inestabilidad geopolítica global actual.

Propuestas

En el ámbito del transporte, teniendo en cuenta las medidas que las organizaciones, consideramos que deberían incluirse en el Plan Social para el Clima, se proponen una serie de medidas para atender a las personas y empresas más vulnerables, entre otras, las siguientes:

1.- Abono especial para usuarios vulnerables para el uso del transporte público colectivo urbano, metropolitano e interurbano (este último en cortas y medias distancias). Se incluiría la gratuidad o descuentos para usar la bici eléctrica compartida/pública.

2.- Movilidad compartida (al trabajo o para acceso a servicios públicos: hospitales, etc.). Esta medida incluye:

2.1.- Car sharing (sólo para vehículos eléctricos puros a batería, BEV), servicio ofrecido en zonas rurales por los ayuntamientos (directamente o a través de empresas privadas).

2.2.- Transporte a demanda con vehículos turismo de transporte discrecional con conductor (taxi, VTC). Sólo se aplicaría en zonas rurales.

2.3.- Car pooling (con vehículos de particulares).

3.- Leasing social (sólo con vehículos eléctricos puros a batería, BEV) para facilitar el acceso de las personas a vehículos eléctricos a batería.

4.- Ayudas a la compra de vehículos eléctricos, incluidos ciclos de batería (BEV) nuevos y de segunda mano. Medida destinada a transportistas y profesionales no transportistas que necesiten de un vehículo para ejercer su trabajo y que puedan calificarse de vulnerables.

En este ámbito, las organizaciones, pedimos que no se vuelvan a implementar medidas contrarias a los objetivos y compromisos europeos y nacionales, y al uso adecuado del dinero público como, por ejemplo, la reducción del impuesto a los carburantes y la bonificación del precio del diésel y la gasolina.