​El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de La Rioja ha fallado a favor de UGT en sendas sentencias que reconocen a los empleados públicos dependientes de la Comunidad Autónoma de La Rioja su derecho a disfrutar de los denominados ‘canosos’ –días de libre disposición obtenidos en función de la antigüedad en la administración pública- y días de vacaciones por antigüedad consolidados antes de la entrada en vigor del Decretazo de 2012.

En concreto, la sentencia emitida el pasado 9 de julio, obliga a reconocer el derecho de los reclamantes a disfrutar de los días hábiles adiciones que se tenían consolidados según la antigüedad de cada recurrente, antes del 1 de enero de 2013 y al disfrute de los días adicionales de libre disposición por trienios de antigüedad antes del 31 de diciembre de 2012. 

Hasta entonces estos días se conseguían a razón de un día hábil más a partir de los 15 años de antigüedad, añadiéndose uno más a los 20, otro a los 25 y otro más a los 30 años de servicio. 

UGT presentó esta demanda entendiendo que se trata de un “derecho adquirido” y así lo ha entendido el Contencioso Administrativo que expone explícitamente que no reconocerlos supone “negar injustamente derechos consolidados a los funcionarios per se”. Igualmente, asegura que “no se puede lesionar ni perjudicar los derechos firmemente adquiridos” y condena a la parte demandada al pago de costas.

La sentencia da la razón a los 20 afiliados de UGT que decidieron interponer reclamación, por lo que el sindicato pedirá extensión de sentencia inmediata para los funcionarios de la Comunidad Autónoma e insta a todos aquellos interesados a ponerse en contacto con la organización.

De hecho, la Federación de Servicios Públicos de UGT, (FSP-UGT)​ entiende que la propia Consejería de Administraciones Públicas y Hacienda, atendiendo a la obvia sensibilidad jurídica del nuevo Consejero, debería hacerlo extensivo de oficio a todos los empleados públicos dependientes de su Administración.

FSP-UGT se felicita por este logro sindical que ha centrado parte de su lucha en los últimos años, y que supone recuperar parte de lo robado por el RDL 20/2012 y continuará peleando en los juzgados lo que se robó en los despachos, especialmente mediante este abusivo e injusto Decretazo.​