La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) expresa su más firme solidaridad con la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A) ante los graves hechos de criminalización de la protesta social y persecución de dirigentes sindicales que se llevan produciendo de manera sistemática en las provincias de Córdoba y Misiones.

En Córdoba, una movilización social en defensa de derechos básicos fue respondida con un operativo policial represivo que derivó en detenciones arbitrarias, malos tratos y el uso desproporcionado de la fuerza que concluyó con varias personas heridas. A ello se sumó una sorprendentemente rápida y antojadiza judicialización de los hechos, que evidencian una preocupante utilización del aparato policial y del poder judicial contra la acción sindical. Del mismo modo, las condenas impuestas a dirigentes sindicales en la provincia de Misiones por su participación en movilizaciones legítimas suponen una grave vulneración de los derechos fundamentales. La utilización de la vía penal para sancionar acciones propias del conflicto laboral representa un ataque directo a la libertad sindical y a la democracia.

La criminalización de la protesta social vulnera de manera directa los principios recogidos en los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, así como los estándares internacionales en materia de derechos humanos. La libertad sindical, el derecho de huelga y la libertad de expresión son pilares esenciales de cualquier sociedad democrática y no pueden ser objeto de persecución ni de restricción arbitraria.

UGT condena la actuación de las autoridades provinciales, en particular del gobernador Martín Llaryora, y denuncia el clima de hostilidad creciente hacia el movimiento sindical bajo el gobierno de Javier Milei. Estas dinámicas no son hechos aislados, sino que forman parte de una deriva que busca debilitar la organización colectiva de las trabajadoras y los trabajadores. En este contexto, UGT exige el cese inmediato de la represión y la criminalización de la protesta social, la retirada de cargos y la anulación de las condenas contra dirigentes sindicales, el pleno respeto a la libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho a la movilización; y el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por Argentina en materia de derechos laborales y derechos humanos. Asimismo, UGT advierte que la persecución sindical que vive Argentina podría ser contrarios al marco regulador del acuerdo UE-Mercosur, por lo que denunciará estos hechos ante la Confederación Europea de Sindicatos (CES) de cara a que las autoridades nacionales y europeas ejerzan las acciones oportunas ante el gobierno argentino.

UGT reafirma su compromiso con la solidaridad internacional y continuará acompañando al movimiento sindical argentino en la defensa de los derechos de la clase trabajadora. La defensa de estos derechos es inseparable de la defensa de la democracia y del Estado de derecho.