Los datos del IPC del mes de marzo, publicados hoy por el INE, sitúan la inflación anual en el 3,4%, 1,1 puntos más que el mes de febrero y el valor más alto desde junio de 2024. Esta subida, la mayor desde junio de 2022, se explica –principalmente- por el acusado encarecimiento de los combustibles, cuyo precio aumenta un 14,3% mensual, frente al abaratamiento experimentado hace un año (-3%). Se trata del mayor incremento mensual en su precio desde marzo de 2022, tras el inicio de la invasión rusa a Ucrania.

Así, el bloqueo de las negociaciones de paz y, por tanto, el mantenimiento de las tensiones y operaciones militares en Oriente Medio, están generando ya un notable impacto sobre los precios, arrojando una enorme incertidumbre sobre su evolución a corto y medio plazo. 

Por su parte, la tasa de inflación subyacente, que recoge los componentes más estructurales de los precios, se incrementa dos décimas, hasta situarse en el 2,9%. De nuevo, se trata del valor más alto desde junio de 2024. Este repunte resulta especialmente relevante, ya que, pese a excluir los alimentos no elaborados y los productos energéticos —los más afectados por el actual contexto internacional—, evidencia que el encarecimiento de la energía está comenzando a trasladarse al conjunto de la economía.

Todo ello pone de relieve la necesidad imperiosa de proteger el poder de compra de las personas trabajadoras frente al abrupto repunte de los precios, que previsiblemente se intensificará en los próximos meses. En este sentido, los convenios colectivos reportan una subida salarial media del 2,92%, un porcentaje que asciende al 3,27% para los convenios firmados en 2026. Cifras que, en todo caso, ya se sitúan por debajo de la inflación actual, con previsiones que apuntan a que podrían bordear, incluso, el 6 % si el conflicto se prolonga (Banco de España).

En consecuencia, además de impulsar el crecimiento salarial para sostener las rentas de la población trabajadora, resulta esencial incrementar la cobertura de las cláusulas de garantía salarial. Estas constituyen la herramienta más eficaz para garantizar el poder adquisitivo de las personas trabajadoras y evitar que los costes de la crisis recaigan sobre quienes dependen exclusivamente de su salario. Actualmente, estas cláusulas protegen a un 40% de las personas trabajadoras con convenio, lejos aún de los niveles alcanzados años atrás, cuando llegaron a proteger en torno al 80% de las mismas tras el estallido de la crisis de 2008.

Por su parte, UGT reclama al Gobierno seguir avanzando en la aprobación de medidas que combatan el incremento de la inflación y palíen el impacto de la crisis sobre las personas más vulnerables. Para ello, se debe disponer de información precisa sobre los colectivos con menos recursos, a fin de reforzar el carácter selectivo de las ayudas y evitar un impacto regresivo de las mismas, como sucede con algunas de carácter generalista, que benefician más a quienes poseen mayor capacidad de pago. En esta línea, el sindicato reclama aprobar ayudas directas a las personas con bajos ingresos y patrimonio, de manera similar a la ayuda de 200 euros que se implementó durante la anterior crisis inflacionaria derivada del inicio de la invasión rusa de Ucrania. Para ello, es preciso que el gobierno convoque cuanto antes a los interlocutores sociales, para lograr la mejor concreción de estas actuaciones y el mayor grado de consenso. Porque no actuar con rapidez y ambición supone, en la práctica, trasladar el coste de la inflación a quienes menos capacidad tienen para soportarlo.

En materia de vivienda, la subida del Euríbor, que se mantiene en valores cercanos al 3%, ya está elevando la cuota mensual de los hogares con hipotecas variables. Esto supone un coste inesperado que, de mantenerse en el tiempo, puede resultar inasumible para muchos hogares, pudiendo derivar, en los casos más extremos, en situaciones de desahucio. El incremento general de los precios también pone en riesgo a buena parte de los inquilinos e inquilinas de nuestro país, que ya de por sí presentaban enormes dificultades para afrontar el pago del alquiler, especialmente en las grandes ciudades.

Por ello, es necesario actuar en dos direcciones. Por un lado, UGT exige recuperar la moratoria antidesahucios, que protegía a los hogares más vulnerables y cuya vigencia decayó en febrero. Por otro, resulta imprescindible impulsar la ratificación en el Congreso del Real Decreto-ley 8/2026, que permite la prórroga extraordinaria de dos años de los contratos de alquiler que finalizan entre el 22 de marzo de este año y el 31 de diciembre de 2027, además de establecer un límite del 2% a la actualización anual de las rentas en los contratos de vivienda habitual. En este contexto, el sindicato apoyará todas las movilizaciones por el derecho a la vivienda para lograr su cumplimiento efectivo en el conjunto del Estado español, como la anunciada para el día 15 en la ciudad de Vigo, una de las ciudades que más sufren el incremento de precios en los últimos años.