El Consejo Económico y Social (CES) ha aprobado hoy en el pleno -con 47 votos a favor y tan solo 1 abstención- el Dictamen sobre el anteproyecto de Ley por la que se modifican la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, el texto refundido de la Ley del ET, aprobado por el RDL 2/2015, de 23 de octubre; y el reglamento de los servicios de prevención, aprobado por el RD 39/1997, de 17 de enero.

El CES es un Órgano Consultivo recogido en el artículo 131 de la Constitución, que asesora en temas de trabajo y economía al Gobierno de España y que emite dictámenes antes de que se aprueben las normas en el Congreso. Este Consejo está formado por organizaciones empresariales y sindicales, organizaciones del sector agrario, pesquero, asociaciones de consumidores, de cooperativas y expertos de reconocida experiencia en el ámbito socioeconómico y laboral. 

El pasado 7 de julio de 2026 tuvo entrada en el Consejo Económico y Social un escrito del Ministerio de Trabajo y Economía Social en el que se solicitaba, en el plazo de quince días, dictamen sobre el anteproyecto de Ley por la que se modifican la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

España acordó la EESST 2023-2027, en consonancia con el Marco estratégico de la Unión Europea en materia de salud y seguridad en el trabajo 2021-2027. La seguridad y la salud en el trabajo en un mundo laboral en constante transformación, que instaba a los Estados miembros a actualizar sus estrategias nacionales, en consulta con los interlocutores sociales, entre otros fines, con el de abordar los riesgos y oportunidades en materia de salud y seguridad en el trabajo relacionados con las transiciones ecológica y digital. La EESST 2023-2027, fruto del diálogo social tripartito, se acordó por los interlocutores sociales y el Gobierno en febrero de 2023 como resultado de un año y medio de negociaciones, y fue aprobada por Acuerdo del Consejo de Ministros en marzo de ese año.

A raíz del Acuerdo marco tripartito que dio lugar a la EESST 2023-2027, se constituyó una Mesa de diálogo social con el fin de poder alcanzar una reforma consensuada de determinados aspectos identificados de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y del Reglamento de los Servicios de Prevención. Esta Mesa tripartita mantuvo numerosas reuniones a lo largo de 2024 y 2025, realizándose la última a finales de noviembre de ese año sin que fuese posible alcanzar un acuerdo con todos los interlocutores sociales. El 10 de febrero de 2026, el Gobierno y las organizaciones sindicales UGT y CCOO firmaron el Acuerdo de mejora y modernización de la Ley de prevención de riesgos laborales. Las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME declinaron firmar dicho acuerdo al discrepar, según argumentan, en algunas materias incorporadas en la Mesa del Diálogo Social y por entender que la norma otorgaba mayores compromisos y obligaciones para las empresas en materia de salud. 

Entre los objetivos y desarrollos del acuerdo para la actualización de la Ley destacan la integración y mejora en cuanto a los riesgos climáticos, riesgos psicosociales y su efecto en la salud mental, los que afectan a las personas de mayor vulnerabilidad, la perspectiva demográfica y de edad y una necesaria actualización de la integración preventiva, sobre todo en las pymes, con el fin de mejorar su aplicación y la coordinación entre recursos propios y ajenos.

El Dictamen analiza los artículos del anteproyecto de Ley en materia de definición de conceptos como 'condición de trabajo' y añadiendo riesgos que pueden afectar al ámbito físico, fisiológico, cognitivo, emocional, conductual o social.

También incorpora la perspectiva de género, el efecto de los cambios tecnológicos, el trabajo de los menores, la adaptación del puesto a la persona, los protocolos tras bajas de larga duración, la protección especial a las embarazadas, formación e información básica sobre PRL y mejora de la vigilancia de la salud, entre otras cuestiones. 

El CES valora también positivamente que la norma incorpore como novedad la consideración de las especialidades preventivas de 'ergonomía' y 'psicosociología aplicada' como disciplinas independientes, en línea con el acuerdo alcanzado en la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Como en otros dictámenes, el Consejo considera que hubiera sido más conveniente presentarla sin trámite de urgencia para que hubieran podido disponer de mayor tiempo para analizar y buscar consensos en algunas de las cuestiones que plantea el texto.

El caso de los agentes territoriales es uno de los artículos del texto que mayor discusión ha suscitado entre los grupos. La figura incorporada en el anteproyecto de Ley pretende ser una herramienta en la que equipos designados por empresas y sindicatos ayuden a las pymes a integrar la cultura preventiva en sus centros de trabajo. Las empresas más pequeñas de nuestro país son las que mayor número de accidentes registran y donde se encuentran con mayores dificultades para formar e informar a las personas trabajadoras de los riesgos a los que están expuestos y de las medidas que deben implementar para evitar accidentes.

 Más de un tercio de los accidentes mortales de este país no cuentan con la evaluación de riesgos obligatoria por ley. La figura del agente territorial, que lleva décadas en funcionamiento en algunas CC.AA. y que es perfectamente compatible con las competencias autonómicas y con el trabajo de la Inspección de Trabajo, pretende servir de ayuda a las empresas con menos de 10 personas trabajadoras a las que les cuesta desarrollar la prevención de manera eficaz. Las organizaciones empresariales han mostrado su rechazo a esta figura porque argumentan que tendrán más cargas burocráticas y temen la posible sindicalización de las empresas que no cuentan con representación legal de las personas trabajadoras. Las organizaciones sindicales CIG y ELA consideraron que la regulación de los agentes territoriales de prevención debiera ser llevada a cabo por personal funcionario en lugar de interlocutores sociales y la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) solicitó que la nueva normativa concretase con mayor precisión el ámbito de actuación y las funciones de los agentes territoriales de prevención, garantizando una adecuada coordinación con las estructuras de participación ya existentes en el ámbito cooperativo.

Con todo ello, el CES considera necesario, y así lo hace constar en el Dictamen aprobado hoy, que el texto del anteproyecto de Ley de PRL está alineado con los objetivos de la EESST y aborda los cambios y mejoras necesarios para universalizar la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva en todas las organizaciones productivas, mejorar la implementación de medidas efectivas de prevención, la vigilancia de la salud, e impulsar la cultura preventiva promoviendo y facilitando el cumplimiento real y efectivo de las normas por todos los actores implicados.

UGT saluda de forma satisfactoria la decisión del CES expresada en el Dictamen que avala la necesidad de que la reforma de PRL acordada en la mesa del Diálogo Social tras 19 meses de negociación vea la luz. Sólo así podremos proteger a las personas trabajadoras de los riesgos actuales y mejorar la capacidad preventiva sobre muchas de las carencias que contiene la legislación actual. Una ley del siglo XX que es incapaz de proteger a los y las trabajadoras del siglo XXI debe ser reformada con urgencia. 

El Congreso de los Diputados tendrá la oportunidad de debatir sobre la norma que debe proteger la salud y la vida de millones de personas trabajadoras en nuestro país. Cada año mueren más de 700 personas en el trabajo y cada año, desde hace décadas, se producen 1.200.000 accidentes laborales. Esta situación es insostenible e injusta. Debemos actuar.