UGT valora positivamente la aprobación del Real Decreto-ley 31/2026, de 20 de octubre, que incorpora importantes avances en materia de protección social, especialmente para las mujeres trabajadoras, las víctimas de violencia machista y las familias con responsabilidades de cuidados.

Una de las principales novedades es el reconocimiento de una situación especial de incapacidad temporal para determinados trastornos asociados a la menopausia que resulten incapacitantes, sin necesidad de acreditar un periodo mínimo de cotización.

UGT ha sido pionera en abordar la menopausia en los centros de trabajo y cuenta con un Protocolo para la menopausia en el entorno laboral, que permite incorporar medidas de prevención, acompañamiento y adaptación de las condiciones laborales a través de los planes de igualdad y la negociación colectiva.

“Celebramos este avance, pero nuestro objetivo es que las mujeres no tengan que recurrir a una baja porque sus empresas no hayan adaptado las condiciones de trabajo. La menopausia debe abordarse también desde la prevención y la igualdad laboral”, señala Lola Navarro, vicesecretaria general de UGT.

Además, el sindicato está trasladando esta reivindicación al ámbito europeo, donde trabaja para que la menopausia sea reconocida como una cuestión de salud laboral y se avance hacia una legislación que garantice derechos y protección a las trabajadoras en todos los Estados miembros.

UGT valora muy positivamente el reconocimiento de una baja médica especial para las lesiones derivadas de la violencia de género, sin exigencia de cotización mínima y con derecho a la prestación económica desde el día siguiente al de la baja.

Para el sindicato, esta medida constituye un avance necesario en el cumplimiento de los compromisos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y en la garantía de la autonomía económica de las víctimas.

“Ninguna mujer que sufre violencia machista debería encontrarse, además, con dificultades económicas para recuperarse. Proteger sus derechos laborales y sociales es una obligación de los poderes públicos”, afirma Lola Navarro.

Otra de las mejoras que destaca UGT es el refuerzo de las prestaciones de orfandad para los hijos e hijas de mujeres fallecidas por violencia de género, mediante una garantía económica mínima vinculada al doble del salario mínimo interprofesional mensual, en los términos establecidos por la norma.

Esta protección se extiende también a los hijos e hijas de mujeres fallecidas como consecuencia de las violencias sexuales, un avance que el sindicato considera fundamental para garantizar una reparación más justa e integral.

“No podemos reparar completamente el daño que la violencia machista provoca en estos niños y niñas, pero sí tenemos la obligación de garantizarles protección y oportunidades de futuro. Es una cuestión de justicia social”, subraya la vicesecretaria general.

Por otra parte, UGT valora las mejoras introducidas en la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave (CUME). Se amplía la protección a situaciones en las que los menores necesitan cuidados continuos sin permanecer hospitalizados durante largos periodos, se simplifica la acreditación médica y se permite prolongar la prestación más allá de los 26 años en determinados supuestos de discapacidad o dependencia, tal y como ha reivindicado el sindicato.

Además, ambos progenitores podrán disfrutar de la prestación de forma simultánea o alterna, favoreciendo una mayor corresponsabilidad. No obstante, UGT advierte de que, cuando el disfrute sea simultáneo, cada progenitor percibirá el 50 % de su base reguladora, por lo que reclama que la cuantía se ajuste a la reducción de jornada efectivamente realizada para evitar pérdidas económicas.

El sindicato señala la importancia de estos avances, especialmente para las mujeres, ya que las responsabilidades de cuidados siguen recayendo mayoritariamente sobre ellas. Sin embargo, UGT considera que es necesario continuar trabajando para que la corresponsabilidad no suponga una penalización económica para las familias.

La aplicación de estos derechos relativos a las nuevas situaciones especiales de incapacidad temporal por trastornos menopáusicos secundarios y lesiones derivadas de violencia de género producirá efectos el 1 de diciembre de 2026, mientras que las modificaciones de la prestación CUME se harán efectivas desde el 23 de octubre de 2026.

Para UGT, estas mejoras representan un nuevo avance en derechos sociales y refuerzan su compromiso de seguir impulsando, desde la acción sindical y feminista, una protección laboral y social que responda a las necesidades reales de las mujeres trabajadoras y de las familias.