Desde 1985, en que se despenalizó por primera vez en España la interrupción voluntaria del embarazo, hasta la última reforma en 2023, las mejoras y progresos legales en esta materia se han ido sucediendo impulsadas por el movimiento feminista y las políticas de los gobiernos progresistas.

Dichos progresos expresan el avance en la conquista de los derechos de igualdad de las mujeres y, en esta materia, han sido avalados por la doctrina y jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que ha reconocido la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho fundamental incardinado en el art. 15 de la CE. 

Pese a estos avances, apoyo democrático y reconocimiento legal, los movimientos regresivos de los partidos de la derecha y la ultraderecha, que intentan mantener los fundamentos del patriarcado a toda costa frente al feminismo, atacan e imponen trabas y obstáculos para el ejercicio efectivo de la IVE.

Las dificultades que aplican los gobiernos de PP y VOX en las comunidades autónomas en las que gobiernan para acceder al ejercicio de la IVE, están creando grandes desigualdades entre territorios, impidiendo a las mujeres hacer efectivo un derecho fundamental, obligándolas a desplazarse de territorios para poder ser atendidas. Todo ello evidencia la necesidad de incluir la garantía constitucional para el acceso y ejercicio de forma efectiva de este derecho en igualdad de condiciones en todo el territorio nacional. 

Ante el peligro que suponen estas corrientes ultraderechistas retrogradas y antidemocráticas, y que ya han sentado precedentes en otros países, como en EEUU, donde en muchos de sus estados han prohibido el aborto, UGT considera necesario blindar el derecho a la IVE y su ejercicio en la Constitución.

UGT apoya la reforma constitucional que garantice el ejercicio efectivo de la IVE, que asegure la libre autonomía de las mujeres, su seguridad y salud, así como la igualdad de condiciones a su acceso en todos los territorios del Estado. 

En este sentido la propuesta de reforma constitucional del art. 43 de la CE planteada por el Gobierno supone un avance importante en materia de IVE, frente a los argumentos cavernarios, antidemocráticos, torticeros y contrarios a la igualdad y al avance de derechos de las mujeres de PP y VOX, cuyas enmiendas parlamentarias a la propuesta de reforma y alegatos son insostenibles y vergonzantes para un estado democrático, y frente a los que manifestamos nuestro más rotundo rechazo.

»Lee el comunicado aquí