Desde 2010, las inspecciones se han reducido hasta un 55%, a pesar del aumento de la siniestralidad laboral

La Comisión Europea se ha unido hoy a los sindicatos para pedir a los Estados miembros que aborden las carencias sobre salud y seguridad en el trabajo que ponen en riesgo la vida de las personas trabajadoras.
 
La Confederación Europea de Sindicatos (CES) publicó un informe en abril que demuestra que el número de inspecciones de seguridad en el lugar de trabajo se ha reducido en una quinta parte desde 2010, con recortes de hasta el 55% en 17 Estados miembros. En su estrategia de salud y seguridad recientemente publicada, la Comisión Europea pide a los Estados miembros que "aborden la tendencia a la baja en el número de inspecciones laborales en algunos países, reforzando las inspecciones en las empresas y lugares de trabajo".
 
Además, han reclamado a los Estados miembros que clasifiquen la Covid-19 como una enfermedad profesional, más de un año después de que los sindicatos pidieran que los trabajadores y trabajadoras reciban protección adicional contra el virus. Este nuevo enfoque es muy bienvenido frente a la anterior "visibilidad cero" de las muertes relacionadas con el trabajo y es muy necesario en un momento en que:

• Muchas de las más de 1 millón de víctimas de la Covid-19 en Europa contrajeron la enfermedad en el trabajo.

• Más de 100.000 personas todavía mueren cada año por cáncer relacionado con el trabajo.

• El número de accidentes laborales mortales está aumentando.

Para UGT, son imprescindibles más recursos materiales y humanos para la Inspección

Para la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores, resulta imprescindible que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se dote de mayores recursos, tanto humanos como materiales, con el fin de garantizar una mayor vigilancia y control del cumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, ya que actualmente presenta un déficit de recursos, contando con una de las ratios de Inspectores de Trabajo por población ocupada más baja de Europa.

En este sentido, debido a la precariedad instaurada en la contratación, los trabajadores y trabajadoras tienen miedo a denunciar a sus empresas, ya que esto puede suponer su despido o la no renovación de sus contratos. Por ello, para UGT es imprescindible que se siga fomentando la acción inspectora en los centros de trabajo, realizando más visitas dentro de su actividad programada, como se viene haciendo hasta ahora.
 
Las escandalosas cifras de accidentes de trabajo mortales ha puesto de manifiesto la falta de coordinación de las Administraciones Públicas para dar respuesta a las situaciones generadas a raíz de la siniestralidad laboral. De esta forma, el sindicato existe que se reactive el Protocolo Marco de Colaboración firmado entre Consejo General del Poder Judicial, Ministerio del Interior, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Fiscalía General del Estado para la investigación eficaz y rápida de los delitos contra la vida, la salud y la integridad física de los trabajadores y la ejecución de las sentencias condenatorias. Esta coordinación resulta esencial en las investigaciones de los casos de accidentes de trabajo mortales, muy graves y graves.

Las medidas de la Comisión Europea son insuficientes
 
La CES recuerda que el derrumbe de un edificio en Amberes la semana pasada mató a 5 trabajadores de la construcción desplazados y lesionó gravemente a otros 9, lo que muestra una vez más que se necesitan requisitos más estrictos de salud y seguridad en el trabajo. Sin embargo, la estrategia de la Comisión dista mucho de alcanzar su ambicioso objetivo en las siguientes áreas:

• Se compromete a imponer límites de exposición obligatorios a algunas sustancias cancerígenas más, pero no a los 50 carcinógenos prioritarios a los que los trabajadores están ampliamente expuestos en Europa. Actualmente, solo 27 carcinógenos de este tipo están sujetos a límites. Es lamentable que la exposición combinada a sustancias químicas peligrosas, disruptores endocrinos y la revisión del límite de exposición ocupacional vinculante (BOEL) para la sílice cristalina respirable estén ausentes de la estrategia.

• No hay iniciativa legislativa sobre salud mental y trastornos musculoesqueléticos, mientras que las personas trabajadoras realmente necesitan una directiva sobre ambos.

• No se menciona en absoluto la necesidad de tener temperaturas máximas en el puesto de trabajo a la luz del cambio climático.

• Lo más preocupante es que la estrategia indica una intención de cambiar la protección otorgada a los trabajadores por cuenta propia de los derechos adquiridos; esto tendría el efecto de poner en peligro a las personas que trabajan en industrias de alto riesgo como la construcción, donde abunda el falso trabajo por cuenta propia.
 
Por todo ello, la Secretaria General Adjunta de la CES, Esther Lynch, ha afirmado que “es un escándalo que las inspecciones de seguridad en el lugar de trabajo estén en su nivel más bajo desde hace una década, lo que probablemente haya costado vidas y contribuido a la propagación de la enfermedad. La Comisión ha enviado hoy mensaje firme a los Estados miembros de que esta peligrosa situación ya no se puede tolerar”. 

Sin embargo, ha señalado que “la Comisión no acompaña sus buenas intenciones con acciones contundentes. Las palabras no son lo suficientemente eficaces cuando el número de accidentes laborales está aumentando y más de 100.000 personas mueren cada año de cáncer relacionado con el trabajo y los riesgos ergonómicos y psicosociales están aumentando. Necesitamos reglas más estrictas y una aplicación adecuada para garantizar que todos puedan ir a trabajar con la confianza de que volverán a casa sanos y salvos”.

Tom Deleu, secretario general del sindicato europeo de trabajadores de la construcción y la madera (EFBWW), manifestó tras el derrumbe del edificio de Amberes que “la salud y seguridad en el trabajo y las medidas de protección tienen que ser un deber para todas las empresas y un derecho para todas las trabajadoras y trabajadores, incluidos los autónomos”.