Ante este contexto, UGT considera imprescindible reforzar las medidas de protección social, impulsar el diálogo social y garantizar la protección del poder adquisitivo de las personas trabajadoras.

Los datos del IPC del mes de febrero, publicados hoy por el INE, sitúan la inflación anual en el 2,3%, al mismo nivel que en el mes de enero. Por tanto, aún no se recoge el impacto del conflicto bélico en Oriente Medio, cuyo inicio tuvo lugar a finales del pasado mes. Por su parte, la tasa subyacente, que refleja la evolución estructural de los precios al excluir energía y alimentos no elaborados, aumenta una décima hasta el 2,7%, el valor más alto desde agosto de 2024. 

Así, la escalada del conflicto militar en Oriente Medio provocado por EE UU e Israel ha generado un nuevo escenario de incertidumbre e inestabilidad en la economía mundial. El cierre del tráfico en el Estrecho de Ormuz —por donde circula aproximadamente una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado comercializado a nivel mundial— está provocando un aumento vertiginoso de los precios energéticos en los últimos días, además de poner en riesgo la estabilidad en su suministro. Esta situación afecta especialmente a Europa, que en los últimos años ha reducido de forma significativa sus importaciones energéticas procedentes de Rusia. 

El encarecimiento de la energía también puede generar dos efectos indeseados. Por un lado, puede presionar al alza el precio de los alimentos, dado el peso de la energía en la producción agrícola y en la fabricación de fertilizantes. Por otro, el aumento de los precios energéticos incrementaría una parte relevante de los costes empresariales, lo que podría derivar en presiones inflacionistas generalizadas si estos aumentos se trasladan a los precios finales, como ya ocurrió tras la guerra en Ucrania. 

El nuevo escenario inflacionista también supondrá una merma en términos de crecimiento y empleo, aunque la magnitud de las consecuencias es difícil de predecir en un contexto tan volátil. No obstante, resultaría esperable una retracción del consumo y la inversión, lo que mermaría las previsiones de crecimiento económico. En términos de empleo, el impacto sería mayor en industrias intensivas en energía, además de la agricultura, por el motivo señalado anteriormente. 

Para contener los precios, una eventual subida de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo también supondría un incremento de la cuota de las hipotecas variables, ya que la mayoría están vinculadas al Euríbor, que desde el inicio del conflicto ya muestra una tendencia alcista. De hecho, el pasado martes se registró la segunda mayor subida diaria de la historia (+18,5 puntos básicos). Será necesario recuperar o articular nuevas medidas que protejan a las familias con hipotecas variables frente a un repentino y excesivo encarecimiento de las cuotas mensuales, un problema que se vería agravado aún más en caso de que se materialice la subida de tipos. Esta medida no solo no atacaría las causas fundamentales del problema, sino que, además, contribuiría a enfriar más la economía. 

No obstante, lo esencial y realmente urgente es poner fin a esta guerra ilegal por vías pacíficas y diplomáticas, evitando con ello una tragedia humanitaria de mayor calado. De no ser así, debemos prepararnos, para intentar paliar las consecuencias de la misma. En nuestro caso, contamos con la experiencia de haber diseñado un potente escudo social y de protección del empleo durante la pandemia y la grave crisis de precios provocada por la guerra en Ucrania. Si el contexto lo requiere, será necesario recuperar aquellas medidas que demostraron mayor eficacia y abrir un proceso de diálogo social para adaptar o reforzar aquellas otras que lo precisen ante el nuevo escenario económico. En todo caso, ya hemos demostrado que es posible gestionar crisis de estas características amortiguando su impacto sobre el empleo y la renta de los hogares. 

En materia de negociación colectiva, y ante un aumento de los precios que supere las estimaciones iniciales, resulta más importante que nunca incorporar cláusulas de garantía salarial en los convenios colectivos. Solo así será posible proteger el poder adquisitivo de las personas trabajadoras frente a un nuevo repunte inflacionista. Esto evitaría que el coste de una nueva crisis vuelva a recaer de forma desproporcionada sobre quienes solo tienen su salario como medio de vida. Además, en un contexto de elevada incertidumbre económica, reforzar los mecanismos de actualización salarial no solo es clave para garantizar un reparto más equilibrado de los costes de la crisis, sino para sostener también el consumo y la actividad económica.