Los datos definitivos del IPC de noviembre, publicados hoy por el INE, sitúan la inflación anual en el 3%, una décima menos que en octubre. Este dato se explica, en buena medida, por el abaratamiento mensual de la electricidad (-1,1%), frente al incremento hace un año (+4,9%). En lo que se refiere a la tasa anual subyacente, que recoge la inflación de componente más estructural, excluyendo energía y alimentos no elaborados, se sitúa en el 2,6%, una décima más que el mes anterior y el valor más alto desde diciembre del año pasado.

Entre los incrementos anuales más destacados durante este mes, cabe resaltar el de la recogida de basura (30,3%), los huevos (30,2%), la carne de vacuno (18%) o el café (17,3%). Mientras que entre los productos con los descensos anuales más altos se encuentran al aceite de oliva (-38,1%), el azúcar (-7,3%) y los equipos audiovisuales (-6,2%).

Así, el dato definitivo confirma la persistencia de las presiones inflacionistas en nuestro país, con incrementos anuales que se sitúan casi un punto por encima de la media de la Eurozona (2,2% en noviembre). A ello hay que añadir el progresivo aumento de la tasa subyacente, que alcanza el máximo en lo que va de año y advierte de cómo las tensiones sobre los precios se mantienen aun excluyendo los componentes más volátiles.

En este contexto, cabe destacar cómo los salarios de convenio están presentando subidas consistentes, con una media del 3,5% en lo que llevamos de año, esto es, ocho décimas más que la inflación promedio hasta noviembre (2,7%). Sin embargo, al menos dos millones de personas trabajadoras registran subidas inferiores a la inflación media y, por consecuencia, están sufriendo una pérdida de su poder adquisitivo.

Ante esto, es necesario reforzar y desplegar medidas que protejan a la población trabajadora frente a la reactivación del alza de los precios. En materia de negociación colectiva, el VI AENC debe responder a la situación de expansión económica e impulsar subidas salariales que amplíen el poder de compra del conjunto de la clase trabajadora.

En este sentido, cabe recordar que los márgenes llevan alcanzando niveles récord durante los últimos tres años, por lo que las empresas tienen colchón financiero suficiente para asumir dichas demandas salariales y promover un reparto más justo de los beneficios del actual periodo de bonanza económica.

Además, es imprescindible extender las cláusulas de garantía salarial, que suponen uno de los instrumentos más eficaces para proteger los ingresos de la población trabajadora frente a repuntes imprevistos de los precios. Por tanto, se trata de una demanda sindical clave que debe generalizarse y extenderse en todos los sectores y ramas productivas.

Una subida contundente del SMI

Por otro lado, UGT reclama que el SMI suba en 2026 hasta los 1.273 euros mensuales, un aumento del 7,5% con respecto al vigente en 2025 y que se sitúa en línea con la senda de obligaciones asumidas en la Carta Social Europea Revisada y con la Directiva de salarios mínimos, recientemente respaldada por sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Así, seguir impulsando subidas sólidas del SMI supone un eje de actuación clave para avanzar hacia un mercado laboral más justo, protegiendo a la población con rentas más bajas frente al problema de la inflación, en la medida que lo sufren con mayor intensidad.

Por último, cabe resaltar que, una vez confirmado el dato de inflación de este mes, más de 10 millones de pensiones contributivas se revalorizarán un 2,7% en 2026, protegiendo así el poder de compra de este colectivo como resultado de la reforma de pensiones aprobada en 2021 tras acuerdo de Gobierno y sindicatos, que asegura una revalorización anual todos los años, al menos, en la misma cuantía que la subida media del IPC.