Los datos del IPC correspondiente al mes de mayo, publicados hoy por el INE, sitúan la inflación anual en el 3,2%, igualando el dato registrado en abril. Este comportamiento se explica fundamentalmente por la evolución del transporte, concretamente por el transporte de pasajeros por vía aérea, que creció en el mes un 11,4% mientras que en mayo del año pasado descendió un 12,4%, y por los paquetes turísticos, que este año redujeron su precio un 2,5% en el mes, pero en 2025 lo hicieron un 9,4%. Ambos datos están relacionados con el inicio del verano, pero se ven influenciados por las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y la incertidumbre en los mercados energéticos, que sigue dejando huella en el nivel general de los precios.

En lo que se refiere a la tasa anual subyacente, que recoge la inflación de componente más estructural al excluir los elementos más volátiles, aumenta dos décimas respecto al mes anterior y se sitúa en el 3%. Aunque este incremento sigue siendo moderado, conviene seguir de cerca su evolución en los próximos meses para comprobar si las presiones inflacionistas terminan trasladándose al conjunto de bienes y servicios de la economía.

Las medidas adoptadas por el Gobierno, especialmente las reducciones impositivas sobre la electricidad y, en menor medida, sobre los combustibles, han contribuido a limitar la traslación de las tensiones energéticas a los precios de consumo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el 31 de mayo finalizaron las rebajas impositivas sobre la electricidad, por lo que en el IPC de junio previsiblemente se producirá un importante efecto escalón que elevará la inflación. Igualmente, la puntual reducción de impuestos de los carburantes y combustibles tiene como fecha de término el 30 de junio. En este sentido, en caso de no prorrogarse o sustituirse estas medidas por mecanismos alternativos de protección, se percibirán nuevas presiones inflacionistas en los próximos meses que tendrán especial incidencia sobre los hogares más vulnerables.

En este contexto, la negociación colectiva está desempeñando un papel fundamental en la protección del poder adquisitivo de las personas trabajadoras. Los convenios colectivos con efectos económicos en 2026 registran hasta mayo un incremento salarial medio del 3%. Sin embargo, resulta especialmente significativo que los convenios suscritos durante 2026 con efectos económicos en este mismo ejercicio hayan elevado esa cifra hasta el 4%, situándose por encima de la inflación media registrada hasta mayo, que alcanza el 2,9%.

Estos datos ponen de manifiesto que la negociación colectiva está incorporando de manera efectiva las orientaciones defendidas por UGT en su propuesta para el próximo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), contribuyendo a preservar la capacidad adquisitiva de los salarios y a garantizar que las ganancias de productividad y el crecimiento económico se traduzcan en una mejora real de las condiciones de vida de las personas trabajadoras.

No obstante, la persistencia de importantes incertidumbres derivadas de la situación geopolítica internacional, especialmente en relación con la evolución de los precios energéticos y de determinadas materias primas, aconseja mantener una política salarial prudente pero ambiciosa. Si estas tensiones se prolongaran o intensificaran, podrían trasladarse nuevamente al conjunto de la economía y ejercer presión sobre los precios, afectando a la capacidad de compra de los hogares trabajadores.

Por ello, UGT defiende que el próximo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva incorpore una referencia mínima de incremento salarial del 4% para cada uno de los años del periodo 2026-2028, complementada con mecanismos que permitan aumentos salariales de hasta un 3% adicional a ese 4, en aquellos sectores o empresas en los que exista una brecha relevante- de un 10%, un 20% o un 30%- entre los salarios de convenio y el salario medio de la economía. De este modo, la negociación colectiva contribuirá no solo a preservar el poder adquisitivo, sino también a avanzar en una distribución más equilibrada de la renta y en la reducción de las desigualdades salariales.

Del mismo modo, resulta imprescindible garantizar que estas mejoras salariales lleguen efectivamente a las personas trabajadoras, evitando el recurso a cláusulas de absorción y compensación que desvirtúen o reduzcan el impacto real de los incrementos acordados en la negociación colectiva.

Asimismo, resulta imprescindible seguir reforzando el poder adquisitivo de las personas trabajadoras con menores ingresos mediante nuevas subidas del Salario Mínimo Interprofesional que permitan avanzar de manera efectiva hacia el objetivo de situarlo en el 60% del salario medio, tal y como recomiendan los estándares europeos. El SMI se ha consolidado como una herramienta fundamental para combatir la pobreza laboral, reducir las desigualdades salariales y favorecer una distribución más equilibrada de la riqueza.

Además, la evolución reciente de los precios pone de manifiesto la necesidad de mantener una vigilancia permanente sobre su suficiencia. La revalorización del SMI aprobada para 2026 fue del 3,1%, mientras que la inflación se ha situado en mayo en el 3,2%, encadenando tres meses consecutivos en ese nivel. Esta circunstancia obliga a tomar en consideración lo dispuesto en el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, que prevé una revisión semestral cuando no se cumplan las previsiones de inflación tenidas en cuenta para la fijación del salario mínimo. Garantizar que las personas trabajadoras que perciben las rentas más bajas no pierdan poder adquisitivo debe seguir siendo una prioridad de la política económica y social.

Además, no puede ignorarse que una parte creciente de las ganancias salariales continúa siendo absorbida por el encarecimiento de la vivienda, tanto en compra como en alquiler. Esta situación deteriora las condiciones materiales de amplias capas de la población trabajadora y afecta especialmente a las personas jóvenes, dificultando sus posibilidades de emancipación. Por ello, UGT reclama la aplicación efectiva de las medidas de regulación previstas para las zonas tensionadas y la puesta en marcha de un ambicioso plan de ampliación del parque público de vivienda asequible que garantice el acceso a este derecho básico.

Por último, el Banco Central Europeo ha elevado los tipos de interés en 0,25 puntos, situando la facilidad de depósito en el 2,25%, una medida que la UGT considera inadecuada para combatir una inflación originada principalmente por factores de oferta. El sindicato defiende que la solución pasa por reducir la dependencia energética exterior mediante una mayor inversión en energías renovables, almacenamiento e interconexiones eléctricas, y advierte de que nuevas subidas de tipos podrían dificultar la financiación necesaria para impulsar estas inversiones estratégicas.

En definitiva, la inflación continúa situada en niveles moderados, aunque las tensiones geopolíticas y energéticas mantienen riesgos relevantes sobre su evolución futura. Por ello, resulta imprescindible consolidar una senda de crecimiento salarial suficiente para proteger y mejorar el poder adquisitivo de las personas trabajadoras, reforzar la negociación colectiva mediante cláusulas de garantía salarial y continuar impulsando mejoras del SMI y políticas públicas que permitan contener el impacto del coste de la vivienda sobre las economías familiares.