El Gobierno ha trasladado a Bruselas su plan Presupuestario para 2018 e insiste en empobrecer a los pensionistas, revalorizando las pensiones el 0,25%; mientras que asume un rescate de 2.000 millones para las autopistas de peaje, que se encuentran en concurso de acreedores.

El nuevo cuadro macroeconómico de 2018 del Gobierno, presentado ayer,  modifica las estimaciones realizadas al inicio del verano sobre el mercado de trabajo y  recoge un incremento de 2 décimas de la tasa de paro para este 2017 , debido a  un menor crecimiento del empleo.

El Programa Presupuestario 2018  que el Gobierno ha trasladado a Bruselas muestra la irresponsabilidad  del Ejecutivo en materia de inversiones públicas y para con los ciudadanos. De esta forma revaloriza solo el 0,25%  (propiciada por la reforma unilateral del Gobierno de 2013), pero asume un gasto de 2.000 millones por las autopistas de peaje, antes privatizadas y ahora en concurso de acreedores.

Una vez más, con estas previsiones, los pensionistas perderán poder adquisitivo. Tampoco se restituyen los derechos de los trabajadores del sector público. Sin embargo, sí se destina parte del crecimiento económico (un 3,1% en 2017 y un 2,3%, en 2018) a rescatar el sector privado (como es el caso de las autopistas). Esta fórmula de mantener los ingresos y establecer un menor gasto social  tiene un enorme coste social.

Por otra parte, la nueva proyección sitúa a la tasa de paro para 2017 en el 17,2% de la población activa, y estima que disminuirá casi dos puntos adicionales en 2018, hasta el 15,5%. Por lo tanto, recoge un  menor crecimiento del empleo respecto a la estimación, que realizó el propio Gobierno, en julio de este año.
Al mismo tiempo, se  mantienen los efectos de la falta de calidad en el empleo que caracteriza a nuestro mercado laboral, donde  la mayoría de los trabajadores y trabajadoras pierden poder de compra y no participan de la recuperación económica.

El nuevo Plan Presupuestario  mantiene las previsiones de ingresos públicos (contempla una ratio de ingresos públicos sobre PIB superior al 38%) y un gasto decreciente, en casi 2 puntos de PIB, de 2017 a 2018 (pasando del 41,2% del PIB al 39,1%).

El Gobierno sigue anteponiendo la reducción del déficit público (mantiene sus previsiones del 3,1% en 2017; 2,2% en 2018; 1,3% en 2019 y 0,5% para 2020) a las necesidades sociales y el resultado será que, a pesar del crecimiento económico, sigan creciendo la desigualdad y la  pobreza.

Frente a esta política, UGT considera que es preciso incrementar los ingresos y que el Estado no debe asumir gastos que no le corresponden, máxime cuando casi el 28% de la población está en riesgo de pobreza, y eso a pesar del crecimiento económico.  El sindicato rechaza, por tanto, la prórroga de los Presupuestos para el próximo año, igual que hizo con los de 2017 por ser escasamente sociales, y todas aquellas políticas que siguen incidiendo en crecer a costa de la igualdad.