​Invertir en crecimiento sostenible y empleos dignos es una antigua reivindicación de la CES.

La CES por lo tanto acoge con satisfacción el énfasis puesto por la UE  en  las inversiones y las iniciativas concretas que contribuyan a este objetivo, y en particular, la reciente iniciativa de un plan de inversiones a nivel de la UE.

De hecho necesitamos urgentemente acciones para proporcionar un alto nivel de empleo, trabajo digno, un nivel alto de competitividad e innovación a través de la inversión pública y privada. Con más de cinco millones de jóvenes desempleados, la creación de empleos de calidad es una cuestión vital para el bienestar de las jóvenes generaciones. La prosperidad garantiza altos ingresos en los sectores público y privado.

Por lo tanto, el plan Juncker debe priorizar las inversiones que cree puestos de trabajo, centradas especialmente en los países con serios problemas de desempleo.

Sin embargo, la inversión por si sola no será suficiente para impulsar el crecimiento. Una política para incrementar la demanda, y por lo tanto los salarios, es indispensable, paralelamente con una política de inversión, dado que el déficit en inversión en Europa está vinculado en gran medida a la falta de demanda.

A la CES le preocupa que el volumen del plan de inversiones de la Comisión sea insuficiente para satisfacer las necesidades. De hecho el déficit de inversión en la UE en los últimos años osciló entre los 280 a 515 millones de euros durante los peores momentos de la crisis. Por lo tanto, es difícil imaginar cómo un plan de inversiones de 315 millones en tres años podría ser suficiente para provocar un cambio de rumbo en la economía europea.

El plan de la CES es mucho más ambicioso, reclamando un 2% del PIB de la UE al año durante 10 años. Un plan de esa dimensión es indispensable para sentar las bases para la reindustrialización sostenible de la UE, y para generar hasta 11 millones de nuevos puestos de trabajo.

Estamos igualmente preocupados por la viabilidad del plan de la Comisión. El índice de apalancamiento del 15 sólo es válido para las inversiones más seguras. Esto podría excluir cualquier inversión en gran parte de Europa, limitando el acceso a los países que ya tienen menores  dificultades. Incluso  para  que  el  plan  alcance el nivel de inversiones esperado, haría falta que la UE y los Estados miembros comprometan considerablemente más recursos.

La CES reclama una gestión democrática adecuada del plan de inversiones y la inclusión de los indicadores sociales entre los criterios de selección. Los interlocutores sociales a nivel nacional deberán participar en la selección de proyectos presentados para  financiación. La CES debe igualmente estar implicada en el trabajo de la task force (grupo de trabajo) europea para asegurar que las inversiones se centran en la reindustrialización sostenible de Europa, apoyando empleos dignos y servicios de calidad.

Finalmente, nos preocupa el hecho de que el plan de la Comisión se centre en reformas estructurales neoliberales que podrían obligar a los gobiernos a participar en asociaciones público-privadas de riesgo, con contribuyentes responsables en caso de pérdidas. También creemos que Europa necesita más inversión social que debería estar excluida de los cálculos del déficit.

La CES exige a las instituciones europeas y a los Estados miembros que apoyen medidas fuertes a favor de la inversión. Los trabajadores y ciudadanos esperar resultados tangibles de Europa.