La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) reclama a los grupos parlamentarios responsabilidad para alcanzar un acuerdo que dé respuesta a las reivindicaciones que la ciudadanía y las organizaciones sociales han planteado en las calles ante la emergencia habitacional. La vivienda requiere un acuerdo parlamentario que esté a la altura de la dimensión social del problema, porque sin vivienda digna no habrá paz social.

En mayo de 2025 UGT, junto con otras organizaciones sociales, participó en movilizaciones en distintas ciudades para reivindicar que el derecho a la vivienda deje de ser una declaración y se convierta en una realidad efectiva para la ciudadanía.

En este contexto, el sindicato considera imprescindible que el futuro Real Decreto incorpore soluciones claras y efectivas frente a los desahucios y establezca la obligación de las Administraciones Públicas de garantizar una alternativa habitacional digna para las personas afectadas.

UGT recuerda que, en numerosos casos, las respuestas ofrecidas por las Administraciones no han supuesto una verdadera solución habitacional. El caso de Maricarmen, así como el de otras muchas personas en Madrid, evidencia esta situación: la alternativa ofrecida fue el Samur Social, una respuesta que, a juicio del sindicato, no puede considerarse una solución habitacional estable y digna.

El sindicato señala asimismo el papel que han desempeñado los fondos buitre en la transformación del mercado de la vivienda desde la crisis de 2008 y reclama una mayor regulación para impedir que la vivienda se convierta en un instrumento de especulación. Es necesario establecer mecanismos de control que eviten que estas empresas puedan comprar todas las viviendas de un bloque y obtener beneficios a costa de una necesidad básica de la ciudadanía.

En este sentido, UGT defiende que los inquilinos puedan ejercer de manera efectiva sus derechos de tanteo y retracto para adquirir la vivienda en la que llevan años residiendo, en las mismas condiciones y al mismo precio al que vaya a ser adquirida por un fondo buitre.

Asimismo, el sindicato considera que no debe repetirse la situación denunciada en relación con la adquisición de vivienda pública por parte de fondos de inversión, como ocurrió en el caso de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid y Blackstone.

UGT reclama también una regulación eficaz del alquiler de temporada y del alquiler de habitaciones para evitar que estas modalidades se utilicen de forma fraudulenta para eludir la normativa de vivienda y establecer condiciones más perjudiciales para los inquilinos. El sindicato considera que las plataformas digitales que actúan como intermediarias en estas operaciones deben asumir su responsabilidad y ser objeto de sanciones cuando no cumplan con la legislación vigente en materia de vivienda.

La responsabilidad de garantizar el derecho a la vivienda no corresponde únicamente al Gobierno y al Parlamento. El sindicato reclama también a las comunidades autónomas que apliquen de manera efectiva la Ley de Vivienda y que declaren zonas de mercado residencial tensionado cuando se cumplan los requisitos establecidos.

UGT considera que ha llegado el momento de que los grupos parlamentarios escuchen las reivindicaciones que están expresando las organizaciones sociales y la ciudadanía en las calles. El sindicato reclama responsabilidad y voluntad de acuerdo para avanzar en la negociación y alcanzar acuerdos que permitan dar soluciones reales a la emergencia habitacional.

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