UGT reclama que las medidas aprobadas en materia de vivienda debido al Coronavirus sean permanentes

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El sindicato las reclama desde mucho antes de esta crisis sanitaria, social, laboral y económica


• El sindicato considera que se han incluido buena parte de las propuestas de UGT en esta materia.

• Echa en falta alguna medida, como una regulación normativa referida a las viviendas sociales propiedad de las distintas Administraciones Públicas, o la agilización de los trámites para hacer efectiva la moratoria hipotecaria para los deudores en situación de especial vulnerabilidad.

• Reclama que estas medidas no sean coyunturales, solo hasta que acabe esta crisis, sino estructurales, con el fin de hacer efectivo el derecho básico a una vivienda digna y adecuada.

La Unión General de Trabajadores valora las medidas en materia de vivienda contenidas en el Real Decreto-Ley 11/2020 por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, cuyo contenido lo conforman todo un conjunto de medidas que, en líneas generales, pretenden responder a la situación de vulnerabilidad en la que se puedan encontrar los arrendadores. El Gobierno ha dictado una Orden (TMA/336/2020) dirigida a determinados personas vulnerables, para lo que se hace necesaria la readaptación y ajuste del vigente Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, implementando ayudas para soluciones habitacionales más rápidas y fomentando el incremento del parque público y social de viviendas destinadas al alquiler o cesión de uso.

Igualmente, ha aprobado en su último Consejo de Ministros (pendiente aún de su publicación) una línea de créditos por valor de 1.200 millones con la cobertura del Estado a través del ICO, para favorecer al menos a 450.000 familias, para que puedan hacer frente al pago del alquiler de su vivienda habitual.

Se trata de toda una serie de medidas sociales demandadas insistentemente desde nuestra organización mucho antes de esta crisis sanitaria, social, laboral y económica que está siendo provocada por el COVID-19. Máxime si se tienen en cuenta los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) referidos al último cuatrimestre de 2019, donde se constata que el 67,5% de los lanzamientos (un total de 36.467 familias afectadas), tuvieron como causa la imposibilidad de poder hacer frente al alquiler.

Para el sindicato, estas medidas tienen que ayudar a paliar el problema de un derecho básico a una vivienda digna y adecuada, máxime en una situación de incertidumbre como la que vivimos. Sin embargo, una vez superada esta crisis coyuntural, este derecho básico a la vivienda se tiene que seguir garantizado. En este sentido, UGT presentó recientemente una “Iniciativa Sindical por el derecho a la vivienda”, con toda una serie de medidas estructurales tales como: la necesidad de una mayor inversión pública en vivienda (1% del PIB); limitación del precio de los alquileres en zonas tensionadas; la creación de un potente Parque de viviendas públicas, preferentemente en alquiler; asimilar el régimen de VPO para las viviendas públicas de alquiler y su carácter de no descalificables; regulación jurídica de una auténtica segunda oportunidad para aquellos deudores de buena, entre otras muchas.

Positivo, pero aún insuficiente

UGT recuerda que, recientemente, el Gobierno aprobó la suspensión del pago de la cuota hipotecaria para aquellos deudores en situación de especial vulnerabilidad. Se hacía necesaria también, una regulación para aquellas familias que viven en alquiler. Bien es cierto que las partes en conflicto son distintas, pues si en el pago de la hipoteca el acreedor es un banco, en el caso de los alquileres el arrendador (acreedor), suele ser en más del 85% de los casos una persona física. Y aquí, el sindicato considera que el Gobierno ha sabido conjugar de manera ponderada los intereses de ambas partes.

El sindicato valora también que este RD-Ley concrete los requisitos y detalle el periodo para poder acceder a la moratoria del pago de la hipoteca. Cuestiones ambas que fueron puestas de manifiesto como injustas por parte del sindicato, y que, si bien se detallan ambos extremos, en el caso de los requisitos que han de cumplir lo deudores, estos se exigen de manera acumulativa. Para UGT, esta decisión es injusta, pues va a conllevar el que miles de deudores hipotecarios se queden fuera de esta moratoria y se vean abocados, en el mejor de los casos, a una solución unilateral por parte de las entidades bancarias. Por ello, el sindicato propone que para poder acceder a la citada moratoria, sea exigible el cumplimiento de, únicamente, uno de los requisitos.

En este sentido, hay que tener en cuenta también el papel que van a jugar las Comunidades Autónomas en esta crisis pues son las destinatarias, como administraciones competentes en vivienda, de los fondos públicos del vigente Plan Estatal de Vivienda y por tanto quienes van a tener que publicar las ayudas, determinar los supuestos de vulnerabilidad económica y social y por último adjudicar las mismas. Es por ello que, desde UGT, el sindicato exige la mayor celeridad posible en su publicación, tramitación y adjudicación, con suficiencia económica, evitando la concurrencia competitiva en favor de la adjudicación directa a las familias vulnerables que en estos momentos lo necesitan.

Para UGT, también hay medidas que se echan en falta en el RD-Ley, como una regulación normativa referida a las viviendas sociales propiedad de las distintas Administraciones Públicas (alrededor de un 2% del total de las alquiladas), pues en estos supuestos debería de aplicarse una condonación total de la deuda, dado el carácter de personas vulnerables que residen en las mismas.


► Guía de apoyo de UGT a trabajadores, consumidores, familias y colectivos vulnerables en materia de vivienda

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Mari Carmen Barrera, Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT